El fallo humano en la preparación de un medicamento oncológico que causó la muerte de dos pacientes y dejó a otros tres afectados en el hospital de Burgos podría tener consecuencias penales graves. Así lo ha advertido la asesoría jurídica del Defensor del Paciente en Castilla y León, que apunta a la posible existencia de delitos de homicidio por imprudencia.

Según ha explicado el abogado Santiago Díez en declaraciones que recoge EFE, una de las familias implicadas ya se ha puesto en contacto con la organización para recibir información y asesoramiento legal, aunque por el momento no se ha presentado denuncia. No obstante, el letrado considera que los hechos permiten claramente acudir a la vía penal, al tratarse de una imprudencia grave o muy grave en el ejercicio profesional.

En el caso de los dos pacientes que fallecieron, el abogado sostiene que la actuación podría encajar en el tipo penal de homicidio por imprudencia, mientras que respecto a los otros tres enfermos se podrían derivar delitos de lesiones graves o muy graves.

Díez ha subrayado que, aunque el hospital haya reconocido el error como propio, "alguien se ha equivocado", y esa persona o personas deben asumir las consecuencias penales de lo ocurrido. Además, ha señalado que la gravedad del suceso aconsejaría apartar temporalmente del ejercicio profesional a los responsables.

La Fiscalía de Burgos ha iniciado ya diligencias de investigación preprocesales para esclarecer los hechos. Si se detectan indicios de delito, el caso será trasladado a un juez. El proceso penal seguirá su curso tanto si actúa la Fiscalía de oficio como si finalmente presentan denuncia las familias afectadas.

El abogado ha recordado que en este tipo de procedimientos la responsabilidad penal recae sobre personas físicas, no sobre la administración sanitaria en su conjunto. El Sacyl actuaría únicamente como responsable civil subsidiario, mientras que la eventual asunción de indemnizaciones por parte de la Junta de Castilla y León no elimina la posible responsabilidad penal.

Respecto a las compensaciones económicas, desde el Defensor del Paciente consideran prematuro fijar cantidades, ya que cada afectado presenta circunstancias personales y clínicas diferentes. Las indemnizaciones, en su caso, serían abonadas por la aseguradora del Sacyl, dado que los profesionales sanitarios cuentan con cobertura de responsabilidad civil.

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha criticado que se intente resolver el caso únicamente mediante indemnizaciones y ha denunciado una posible falta de transparencia, ya que el error se produjo el 18 de diciembre y las familias no habrían conocido desde el principio que eran cinco los pacientes afectados.

Flores ha explicado que están recabando testimonios de los afectados para trasladarlos a la Fiscalía y que esta pueda contar con información directa sobre cómo se gestionó el caso desde el hospital.