La Audiencia Provincial de Ávila ha dictado una condena firme de seis años y un día de prisión para un hombre declarado responsable de un grave delito contra la salud pública. Los hechos se remontan a marzo de 2025, cuando el ahora condenado fue sorprendido transportando algo más de un kilo de cocaína, cuidadosamente oculto bajo el asiento de su vehículo, durante una intervención realizada en la autovía A-6, a la altura de la localidad abulense de Sanchidrián.

La sentencia, que pone fin a un proceso judicial, también obliga al condenado a abonar una responsabilidad civil de 33.743,65 euros. Esta suma representa el valor estimado que la droga podría haber alcanzado en el mercado negro, según se desprende del acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa antes de la celebración de un juicio oral que finalmente ha sido breve en la mañana de este miércoles.

El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde el 14 de marzo de 2025, un día después de su detención en el kilómetro 100 de la A-6, ha ratificado el acuerdo en la sala. La condena dictada es firme, ya que ambas partes han renunciado a interponer recursos.

La pena impuesta, de seis años y un día, supone una rebaja de un año respecto a los siete años de prisión que inicialmente solicitaba el Ministerio Fiscal. De igual manera, la responsabilidad civil ha sido considerablemente reducida, pasando de los 120.000 euros iniciales a los 33.743,65 euros finales.

Pureza cocanía

Los hechos que han llevado a esta condena ocurrieron en la madrugada del pasado 13 de marzo. El hombre fue interceptado mientras conducía su propio vehículo. En el interior, escondido en un sobre bajo el asiento del copiloto, se encontraba un paquete con 1.001,15 gramos netos de cocaína, de una pureza notable del 79,55 por ciento.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la sustancia incautada estaba destinada a ser vendida a terceros, ya fuera de forma directa o a través de intermediarios. El valor de mercado estimado para esta cantidad de droga superaba los 33.743 euros.

Además de la pena de prisión y la responsabilidad civil, el condenado deberá cumplir una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago de la multa, una medida que también ha sido reducida respecto a los seis meses solicitados inicialmente por la Fiscalía.