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CCOO lleva a los tribunales a la UCAV por un despido que considera vulnera derechos básicos
El sindicato denuncia que la universidad actuó por represalia y exige la nulidad del despido y la readmisión inmediata
CCOO ha presentado una demanda contra la Universidad Católica de Ávila al interpretar que la expulsión de uno de sus docentes supone una lesión directa de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la libertad ideológica, amparadas por la Constitución.
La organización sindical afirma que la institución académica no aportó razones objetivas ni motivos disciplinarios, y que el cese formaría parte de una actuación destinada a castigar la labor docente crítica del afectado. Según CCOO, este tipo de decisiones pone en riesgo la libertad académica y desvirtúa la autonomía universitaria, pilares esenciales del sistema educativo superior.
El sindicato insiste en que los centros universitarios deben funcionar como espacios de pensamiento diverso, debate libre y producción de conocimiento sin presiones. Por ello, califica de inadmisible cualquier intento de limitar voces críticas o restringir la pluralidad de ideas.
Ante esta situación, CCOO ha optado por acudir a la Jurisdicción Social, donde solicita que el despido sea "nulo por vulneración de derechos fundamentales, con la reincorporación inmediata del trabajador y la reparación de los daños morales y profesionales ocasionados".
La organización remarca su compromiso con la defensa de los derechos laborales y las libertades fundamentales del personal docente e investigador, tanto en instituciones públicas como privadas, y asegura que no tolerará prácticas que comprometan la libertad de cátedra o la libertad ideológica. "La pluralidad y la libertad de pensamiento son pilares esenciales de la educación universitaria. Ninguna institución puede pretender construir conocimiento desde la censura o el miedo", señalan desde el Sindicato.
CCOO Ávila continuará respaldando al profesor en todo el proceso y se declara dispuesta a llevar el caso hasta donde sea necesario para garantizar la dignidad del profesorado y el respeto a la libertad de enseñanza.
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