La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha levantado un acta de infracción contra la Diputación de Ávila por una falta grave derivada de la falta de cotización a la Seguridad Social de horas extraordinarias realizadas por una veintena de trabajadores entre 2022 y 2024. La deuda asciende a 111.478 euros y podría conllevar una sanción de hasta 89.182 euros.

La denuncia ha sido dada a conocer por la sección sindical de CCOO en la institución provincial, que acusa al equipo de Gobierno de una "negligencia en la gestión de recursos humanos" y cuestiona quién asumirá las consecuencias económicas derivadas de esta situación.

Según el sindicato, la ausencia de cotización afecta a importes devengados por horas extraordinarias realizadas durante tres ejercicios consecutivos. La propuesta inicial de la Inspección de Trabajo contempla una sanción de 55.793 euros, al aplicarse el grado mínimo previsto, equivalente al 50 por ciento de la cantidad adeudada. Sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad Social ha advertido de que la sanción debería elevarse al grado máximo, un 80 por ciento, lo que situaría el importe en 89.182 euros.

CCOO considera especialmente grave que una administración pública incumpla sus obligaciones en materia de cotización, aunque señala que el impacto sobre los trabajadores afectados sería limitado y sólo tendría incidencia en supuestos concretos, como determinadas prestaciones por incapacidad temporal o jubilación. Aun así, advierte de que el coste económico de la sanción repercutirá en los recursos destinados a los servicios que presta la Diputación en la provincia.

La Diputación niega mantener deudas con la Seguridad Social

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha rechazado que la institución mantenga deudas con la Seguridad Social y ha atribuido la situación a un proceso de regularización de horas extraordinarias.

"Esta Diputación no tiene ninguna deuda contraída con la Seguridad Social", ha afirmado, precisando que, una vez regularizadas las horas extraordinarias, "si no se han cotizado, se tienen que cotizar". García ha explicado que los más de 100.000 euros reclamados corresponden exclusivamente a esas horas extra y ha asegurado que la institución abonará las cantidades correspondientes cuando disponga de toda la documentación necesaria. 

Además, ha criticado la postura del sindicato denunciante al recordar que uno de sus delegados sindicales habría realizado unas 300 horas extraordinarias.

El PSOE vincula la sanción a un "patrón" de mala gestión

El Grupo Socialista en la Diputación ha relacionado esta sanción con otros episodios recientes vinculados a la gestión del personal en la institución provincial. Recuerda que en marzo de 2025 la Inspección de Trabajo detectó empleados con registros de hasta 800 horas extraordinarias anuales, diez veces por encima del máximo legal permitido, una situación que el PSOE ya había denunciado en 2024.

Asimismo, los socialistas señalan que en noviembre de 2025 un juzgado anuló un decreto del diputado de Recursos Humanos, Juan Carlos Sánchez Mesón, por la creación de un puesto de trabajo en el área de Servicios Sociales sin negociación previa con los representantes de los trabajadores ni cobertura en la relación de puestos de trabajo.

El diputado provincial socialista Raúl Blanco ha segurado que "esto no es mala suerte, es un patrón" y ha sostenido que "cada vez que la Diputación se salta sus obligaciones con los trabajadores, alguien paga la factura: primero los empleados, y al final todos los abulenses, porque estas sanciones se pagan con dinero público".

Blanco ha reiterado además la petición de cese de Sánchez Mesón al frente del área de Recursos Humanos y ha reclamado al presidente de la institución una explicación pública sobre las medidas que piensa adoptar para corregir una gestión que, a su juicio, "lleva año y medio acumulando sentencias y sanciones sin que nadie asuma ninguna responsabilidad".