Los portavoces del PSOE y de ERC en el Congreso, Patxi López y Gabriel Rufián, han dejado abierto y pendiente del debate parlamentario la extensión a todo el país de la obligación para las grandes empresas de prestar la atención al cliente en catalán y el resto de lenguas cooficiales.

"Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas", ha manifestado el portavoz socialista en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Congreso, mientras Rufián ha afirmado, también en declaraciones en la Cámara Baja, que su intención es fomentar las lenguas oficiales "en todos lados, en Cataluña evidentemente, pero en todos lados".

López ha considerado "muy razonable" que grandes empresas, que tienen personal "más que suficiente" para poder atender a los clientes en las lenguas oficiales puedan hacerlo, en principio en las comunidades autónomas donde hay dos idiomas, aunque al ser preguntado si podría llegar a ser en toda España ha contestado que "lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas".

"Ya está bien de demonizar que en este país se utilicen las lenguas oficiales en las relaciones institucionales y en las relaciones también con esas grandes empresas que tienen posibilidad de atender así", ha argumentado.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, que ha aclarado que esto no es el resultado de un acuerdo de Junts con el Gobierno sino de una enmienda "de todo el mundo", incluido su grupo, EH Bildu o el BNG, se ha declarado sorprendido de que "españoles muy españoles se metan tanto con idiomas que están reconocidos en la sacrosanta Constitución como idiomas españoles".

"Deberían estar contentísimos de que se hablen esos idiomas", ha apostillado Rufián, que ha calificado de "tema menor" que la iniciativa se extienda a toda España porque "es muy fácil".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha señalado que la ley de Servicios de Atención al Cliente contemplará que, en los territorios con lenguas cooficiales, se ofrezca la posibilidad de reclamar en esas lenguas ante grandes empresas -de más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones de euros- que ofrezcan productos y servicios en esos territorios.

Lo ha hecho después de que Junts anunciara un pacto con el Gobierno para "blindar" el catalán en el Proyecto de Ley de Atención al Cliente, haciendo "obligatorio" que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos, recoge EFE.