Después de que no se haya aprobado ningún proyecto de ley de presupuestos en la presente legislatura, convencer a los socios de la conveniencia de unas nuevas cuentas del Estado es la meta que se ha puesto Pedro Sánchez para el nuevo curso político, que asume que será complejo y que ha iniciado en tensión con los jueces.

Ya en el balance de gestión que hizo a finales de julio, el presidente del Gobierno aseguró que esta vez sí que presentarán el proyecto de ley presupuestario y nada más comenzar septiembre ha ratificado esa promesa, y su vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha certificado que se llevará al Congreso y se votará.

"Los grupos son los que tendrán que retratarse y, en su caso, explicar a los ciudadanos por qué rechazan unos presupuestos que beneficiarían a los intereses de todos", subrayan a Efe fuentes del Ejecutivo.

La imprevisibilidad de Junts, los mensajes de ERC de que no cuenten con ellos si antes no se cumple todo lo pactado previamente, y los crecientes mensajes hostiles de Podemos hacia el Gobierno, hacen reconocer que la tarea no es fácil, pero Sánchez no tira la toalla.

Para ello, en los primeros compases del curso, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de condonación de deuda autonómica inicialmente pactada con Esquerra para Cataluña y que se ha extendido a todas las comunidades, con el rechazo total del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de los barones territoriales populares.

Gestos hacia ERC y Junts

Una oposición que Montero asegura que no es entendible salvo que se antepongan los intereses de partido a los de las respectivas autonomías y que le lleva a augurar que, al final, todos acabarán aceptando la quita de sus deudas.

Si esta condonación es un claro intento del Gobierno por acercar el apoyo de ERC, otro movimiento de esta semana se interpreta como un gesto hacia Junts. Salvador Illa viajó a Bruselas para reunirse allí con su predecesor al frente de la Generalitat de Cataluña, el fugado Carles Puigdemont. Desde ambas partes y también desde el Gobierno se negó que fuera una cita para hablar de presupuestos ni de ninguna otra iniciativa legislativa que tenga que negociarse con Junts.

Pero más allá de esas declaraciones, el Ejecutivo sí reconoce que fue un hecho positivo y que da muestras de normalidad en la relación con Junts a la espera de que pueda hacerse realidad la reunión a la que en varias ocasiones Pedro Sánchez ha asegurado estar dispuesto a mantener con Puigdemont.

Ese encuentro sigue sin tener fecha. Tampoco lugar, porque el expresident continúa esperando poder regresar a España tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía que propició que presentase un recurso de amparo pidiendo que se le aplique y se suspenda de forma cautelar la orden de detención que hay contra él.

Por tanto, el momento de volver a España sigue estando en manos de los jueces, como lo está la situación de familiares cercanos al presidente del Gobierno tras las investigaciones que están siendo objeto su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David.

Polémica judicial

Ante a esas investigaciones, Sánchez siempre ha proclamado la inocencia de ambos y ha mostrado su convencimiento de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y se demostrará que no hay nada que justifique su situación.

Ya había dejado entrever su opinión sobre quienes están al frente de ambos casos, pero en el inicio del nuevo curso ha sido claro al lamentar que haya "jueces haciendo política" como cree que también hay políticos que tratan de hacer justicia.

Unas palabras que provocaron las críticas del PP y de un sector de jueces justo la semana en la que se ha abierto el año judicial en presencia del rey y con otra polémica por la intervención en el acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya inocencia también sigue defendiendo Sánchez.

García Ortiz está pendiente de que se le abra juicio por un presunto delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal, y mientras jueces conservadores pidieron que no acudiera al acto presidido por Felipe VI, Feijóo se ausentó del mismo como muestra de rechazo.

Ese evento fue también el escenario en el que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, sin citar explícitamente las críticas de Sánchez, rechazó las descalificaciones a la justicia por parte de otros poderes públicos y recalcó que los jueces y magistrados no obedecen órdenes ni instrucciones de nadie.

Todo ello alimenta la previsión de una dura sesión de control en el pleno del Congreso de la próxima semana, la primera tras el paréntesis vacacional, y aleja el entendimiento necesario para que puedan lograrse acuerdos como el pacto de Estado frente al cambio climático que ofreció Sánchez el pasado lunes.

Ese entendimiento es lo que busca el Gobierno, y especialmente la vicepresidenta Yolanda Díaz, con Junts para permitir que siga adelante el próximo miércoles en la Cámara baja el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral.