El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas incumplen la ley por la que se derivará a menores migrantes no acompañados desde territorios muy tensionados a otras autonomías.

El ministro ha lanzado esta advertencia en declaraciones a los periodistas desde la sede del Ministerio de Justicia, al ser preguntado sobre la posibilidad de desplegar, en caso de incumplimientos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la que ha aludido este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales", ha señalado.

Además, ha defendido que los criterios para distribuir a los menores no acompañados son objetivos, claros y transparentes y que en caso de que una comunidad triplique la ratio de acogida de 32,6 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes se activa el traslado a otras comunidades.

Según Bolaños, estos criterios son solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria entre las que ha mentado a Canarias, Ceuta y Melilla y también a Andalucía o Baleares.

Este jueves entra en vigor el último decreto aprobado por el Gobierno, que fija la capacidad de acogida de cada autonomía y supone el arranque la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones.

Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.

El destino de los menores serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.

Contra este decreto están batallando en los tribunales diez comunidades autónomas presididas por el PP y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE.