Los líderes de la OTAN celebran este martes y miércoles una cumbre en La Haya con un objetivo prioritario: acordar un nuevo compromiso de inversión en defensa para los próximos años. El secretario general designado de la Alianza, Mark Rutte, ha planteado elevar ese gasto hasta el 5% del PIB, una cifra que Estados Unidos defiende con insistencia pero a la que España se opone frontalmente.

Las negociaciones sobre la declaración final de la cumbre se han prolongado debido a las reticencias de varios países, liderados por España, que consideran que alcanzar ese nivel de inversión supondría un esfuerzo económico excesivo. Pese a ello, la intención es cerrar un acuerdo antes del inicio del encuentro.

A principios de junio, los ministros de Defensa de la Alianza aprobaron los llamados "objetivos de capacidad", fundamentales para garantizar la disuasión y defensa frente a amenazas como la de Rusia. Aunque confidenciales, estos objetivos implican inversiones en capacidades como artillería, defensa antiaérea, radares o infantería, asignadas a cada país y que deben ser financiadas por cada uno.

Rutte ha defendido que alcanzar el 5% del PIB es necesario para cumplir esos objetivos, y ha propuesto un desglose del gasto: un 3,5% para capacidades militares puras y un 1,5% para otros conceptos relacionados, como ciberseguridad o infraestructuras. Aunque existe consenso general sobre la importancia del refuerzo militar, varios países han pedido más tiempo para alcanzar el nuevo umbral de gasto.

Inicialmente, Rutte sugirió llegar al 5% en 2032, pero ante la falta de apoyo, la propuesta más viable ahora es 2035, con una cláusula de revisión intermedia en 2029. Algunos países que ya se han comprometido individualmente con este objetivo incluso reclaman más ambición por parte de sus socios.

Desde hace años, Estados Unidos ha venido presionando a sus aliados europeos y a Canadá para que asuman una mayor parte del gasto en defensa. La exigencia se intensificó durante los mandatos de Donald Trump, que llegó a reclamar una duplicación del objetivo del 2% acordado en la cumbre de Gales de 2014, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

"Existe un consenso general sobre que los europeos deben hacer más, porque es su seguridad la que está en juego", afirma una fuente diplomática aliada. Sin embargo, España mantiene su rechazo a comprometerse con un nuevo aumento de gasto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a Rutte el pasado jueves en la que dejó clara su negativa a asumir el nuevo objetivo del 5%. En su misiva, Sánchez argumenta que ese nivel de inversión "no es razonable" para España y podría tener efectos contraproducentes, al comprometer la sostenibilidad del Estado del bienestar.

El jefe del Ejecutivo español propuso una fórmula más flexible, en la que el 5 % se plantee como una meta opcional o que se excluya a España de su aplicación. Defendió también el derecho de cada Gobierno a decidir qué sacrificios está dispuesto a asumir, como subir impuestos a las clases medias o recortar servicios públicos y prestaciones sociales.

Pese a las diferencias, Sánchez reconoció que Rusia representa una "amenaza existencial" que requiere una OTAN más fuerte, con el "pleno compromiso de Estados Unidos" y una Europa capaz de asumir su propia defensa.