Los administradores de fincas, que se reúnen este viernes y mañana sábado en Ávila para celebrar su XIX Encuentro Nacional, advierten de que la obligatoriedad de negociar previamente con un vecino moroso antes de interponer una demanda en el juzgado, establecida en la reciente Ley de Eficiencia Procesal, agravará la situación en las comunidades de propietarios y alargará el problema.

Los administradores calculan que las más de 30.000 comunidades de Castilla y León acumulan cerca de 40 millones de euros en deudas de vecinos que no abonan la cuota, según los datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y la prevalencia que arroja el Instituto Nacional de Estadística. 

"Anteriormente bastaba con notificar al propietario, darle un plazo de 15 días para abonar la cantidad adeudada, y si no pagaba, se interponía directamente la demanda monitoria en el juzgado, pero ahora es necesario demostrar por escrito que se ha intentado negociar antes, porque si no el juzgado puede rechazar la demanda", ha explicado la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Ávila, María Rosa Herráez, quien añade que "es difícil pedir a los vecinos que negocien con el vecino moroso cuando la convivencia ya está muy deteriorada".

La Ley de Eficiencia, que entró en vigor el pasado mes de abril, contiene además otro cambio significativo para los administradores de fincas, ya que otorga a las comunidades de propietarios la facultad de prohibir los pisos turísticos con el voto de una mayoría de tres quintos. "Antes, el propietario únicamente debía comunicar a la comunidad su intención de destinar la vivienda a uso turístico, sin que la comunidad pudiera decidir al respecto, pero tras una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2024 se modificó la ley. Además, ahora se pueden imponer, a quienes tengan pisos turísticos, recargos sobre la cuota ordinaria, que pueden llegar al 20%", ha apuntado Herráez.

El Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila reune estos días a más de 700 administradores de fincas en un encuentro en el que analizarán también otros aspectos como los locales convertidos a vivienda, los problemas de seguridad vecinal o la reacción ante catástrofes. "La transformación de locales a viviendas, que ya se está popularizando hasta en las zonas menos turísticas, además de la autorización unánime de la comunidad de propietarios, requiere la presentación de un proyecto técnico, la aprobación por parte del Ayuntamiento y el cumplimiento de las normativas de habitabilidad", ha comentado Herráez.

Inseguridad en comunidades

En el encuentro, los administradores consultarán con policías especializados las herramientas legales disponibles y procesos para agilizar trámites en casos de inseguridad en comunidades como tráfico de drogas, ruidos, vandalismo y conflictos vecinales. "La policía detiene a personas conflictivas, pero al día siguiente regresan a la comunidad y los problemas persisten", ha dicho la presidenta del Colegio de Ávila, tras puntualizar, no obstante, "la necesidad de distinguir entre la verdadera ocupación ilegal, personas que ocupan una vivienda sin autorización, y otros problemas como inquilinos morosos o que no abandonan la vivienda tras finalizar el contrato". "Es importante acotar los términos y explicar las diferencias para evitar confusiones y aplicar el enfoque legal adecuado en cada caso", ha detallado.

El colectivo suma a más 15.000 colegiados en toda España, de los cuales 600 son de Castilla y León y una treintena, de Ávila. Entre las medidas reguladas para estos profesionales en la Ley de Vivienda, se encuentra la obligatoriedad de que todos los administradores de fincas cuenten con un seguro de responsabilidad civil. Como novedad, en el encuentro de Ávila se abordarán los efectos de la competencia entre administradores de fincas tradicionales y grandes grupos inversores que adquieren carteras de administración, para analizar si ambos modelos pueden coexistir.