Castilla y León ha votado en contra del acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, aprobado finalmente por un voto, por la introducción de modificaciones de última hora sin acuerdo ni consenso que no son "admisibles" y porque considera que la financiación no es la adecuada, explican desde la Junta.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León se ha expresado así después de la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que inicialmente se iba a abstener en la votación de este acuerdo, pero que finalmente ha rechazado. El departamento que dirige Isabel Blanco ha explicado que durante la reunión se ha planteado que el acuerdo debe ir dotado de una financiación "suficiente y estable" que permita la implantación del mismo en los próximos años y que la misma debería ir vinculada tanto al incremento del IPC como a la subida de los costes laborales. "Esto se ha trasladado al Ministerio, no aceptando esta propuesta en el texto votado", recoge E. Press.

Cambios apresurados

Por otro lado, ha incidido en que se han incorporado nuevos puntos en el acuerdo que no se han debatido con la Comunidad y que corresponden al marco de la negociación de los convenios colectivos, por lo que considera "imposible" de desarrollar por parte de las comunidades autónomas.

Además, ha asegurado que en este nuevo acuerdo, y al inicio de la reunión, se modifica "in voce" el último texto remitido sin posibilidad de estudio y la Consejería entiende que cualquier acuerdo de esta magnitud y trascendencia debe ser consensuado por una amplia mayoría. "Desde luego en el caso de Castilla y León, debe ser conocido por todos los agentes que intervienen en el mismo, entendemos que el Gobierno debería darnos la opción de estudiar esos cambios introducidos a última hora", ha explicado la Consejería.

Finalmente, Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que apoya el modelo de atención residencial centrada en la persona a través de unidades de convivencia y "libre de sujeciones" aprobado hoy, ya que es precisamente el que se está aplicando en la Comunidad.

Desde el punto de vista del Gobierno, la ministra Ione Belarra consideró que el nueo modelo mejorará la calidad de las residencias, porque el actual "ha mostrado todos sus límites" durante la pandemia "a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho muchos de sus trabajadores".  A partir de ahora las residencias "van a tener que parecerse mucho más a un hogar, con un tamaño máximo y con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas" y tendrán que contar con espacios comunes como una cocina o como un salón "para su uso", informa Ical.