Se trata de viviendas que se ofertan en las plataformas 'on line' sin contar con el número de registro de alquiler de corta duración al no cumplir los requisitos
El Gobierno destina a Castilla y León 3,6 millones para mejorar la accesibilidad en viviendas de mayores dependientes
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha aprobado una inversión de 50 millones para la concesión directa de subvenciones a las comunidades.
El Gobierno destinará a Castilla y León más de 3,6 millones de euros con el objetivo de asegurar la accesibilidad a la vivienda a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El último Consejo de Ministros ha materializado este compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, dotado con 50 millones en total.
Estas aportaciones serán repartidas entre las comunidades y ciudades autónomas conforme a los criterios de distribución aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Las administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán actuaciones tanto de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarios, como actuaciones de accesibilidad en el interior de las viviendas, entre otras.
Según se argumenta desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la pandemia ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidad para salir a un centro de día, a dar un paseo o, incluso, a ir a un hospital. Además, muchas de estas viviendas carecen de ducha adaptada. Todos estos factores obligan a estas personas a vivir en situaciones de precariedad, inseguridad e insalubridad, que en ocasiones les llevan a tener que abandonar sus casas, sus pueblos o sus barrios, al margen de su voluntad, para vivir en un entorno institucionalizado.
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