Censura blanda para la “reconstrucción nacional”
Artículo de opinión de José Alberto Novoa, politólogo y secretario general de CCOO Ávila
En Madrid, con la huelga educativa en marcha desde el 14 de octubre, la Consejería de Educación, ha dado un paso más en su estrategia de acoso y derribo contra la comunidad educativa, que busca el desgaste y la frustración, aunque provocará exactamente lo contrario. Ha remitido a los centros públicos instrucciones para imponer el "deber de neutralidad" ante el alumnado, con la advertencia de que la escuela debe "educar, no adoctrinar". La censura madrileña ha establecido que no se puede animar a los alumnos a sumarse a protestas o a recogidas de firmas, ni hacer valoraciones ante ellos o sus familias sobre quienes secundan la huelga o deciden trabajar, ni colgar carteles o pancartas en las fachadas de los centros educativos, y, además, que saltarse estas reglas activaría el régimen disciplinario de los empleados públicos.
Queda establecida la vigilancia del gesto, el cartel y la conversación, advirtiendo sobre la apertura de expediente disciplinario, pero los profes pueden sentirse "libres" porque el Gobierno de Ayuso permite llevar la camiseta de la Marea Verde, algo que no se considerará infracción, pero permitirá el señalamiento por parte de quienes no secunden la huelga. La Consejería de Educación de la Comunidad de la Comunidad de Madrid insta, de esta forma, a los esquiroles a que sean "los ojos" (como en el Cuento de la Criada), de sus propios compañeros y compañeras.
La misma lógica de la censura, en este caso cultural, opera en Castilla y León. La obra 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', que documenta los crímenes del franquismo a partir de las exhumaciones de Víznar (Granada), interpretada por la compañía de teatro Proyecto 43-2, fue retirada el pasado 2 de octubre del ciclo Comunidad a Escena, de la Junta de Castilla y León, pese a estar coproducida con una ayuda pública que la compañía obtuvo en concurrencia competitiva.
El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha alegado obras "inaplazables" en la sala del teatro. ¡Qué casualidad! Pero la compañía Proyecto 43-2, ha puesto lo ocurrido en manos de la Fiscalía provincial de Valladolid, apoyándose en un acta de la asociación profesional Artesa (Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León) según la cual la directora de la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería de Cultura, y exprocuradora de Vox, Rebeca Arroyo Otero, dijo que el espectáculo no podía hacerse por "falta de neutralidad ideológica" y porque "no hay que levantar viejas heridas".
Pero no se trata de un episodio aislado impulsado desde la Consejería de Cultura de la Junta de Catilla y León, dirigida por José Alberto Díaz Pico (Vox), también se han convocado ayudas al cine que excluyen proyectos con "adoctrinamiento ideológico" o "propaganda partidista", en cuyas bases se obliga a los peticionarios a firmar una declaración de compromiso con estos criterios, y establece una comisión de funcionarios y expertos que examinará la "trascendencia ideológica" de las películas.
De esta forma el PP y Vox establecen la censura en Castilla y León a través de un nuevo "tribunal de inquisición cultural" que determina como método de control la arbitrariedad, sin más baremo que el criterio de los censores, como en los mejores tiempos del franquismo. Ante esta barbaridad, el Ministerio de Cultura ha impugnado la convocatoria por vulnerar la libertad de expresión y serán los Tribunales los que deberán revocar el atropello indecente del gobierno de coalición de extrema derecha, salvo sorpresa de la "justicia".
Tanto lo que sucede en la Comunidad de Madrid con la comunidad educativa, como lo que ocurre en Castilla y León con el mundo de la cultura, responde a una misma intención destructiva de la extrema derecha desde el poder, a través de la cual el gobierno se declara "neutral" ideológicamente, considerando ideológico (y despreciable) todo lo que le incomoda en forma de huelga, creación artística o producción cinematográfica.
Además, utiliza métodos intimidatorios, amenazantes o sancionadores, bien administrativos o bien económicos. No prohíbe nada expresamente mediante ley, sino con instrucciones internas (caso de Madrid) o con convocatorias públicas de ayudas condicionadas (caso de Castilla y León). De esta forma, a través de lo que se denomina "censura blanda", se evita el impacto social que podría llegar a tener una prohibición expresa. Se trata de una estrategia perversa que pretende, entre otras cosas, la autocensura en el caso de los creadores, o el miedo a represalias laborales en el caso de los docentes.
Tanto en Madrid como en Castilla y León, la alianza neofascista de PP y Vox, tiene como objetivo golpear, desestabilizar y dividir a los espacios que construyen conciencia colectiva en el ámbito educativo, al sindicalismo que reivindica mejoras y derechos laborales, y al público en general que pueda llegar a tomar conciencia de la memoria democrática. No es casual, porque nunca lo fue, que sean la escuela y la cultura los afectados por la censura. Los lugares donde la sociedad aprende y se mira críticamente, y en los que se construye conciencia social.
La Constitución Española en su artículo 20.1 protege la creación artística y la libertad de cátedra, y en el 20.2 es taxativo: "estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa". El artículo 28.2 reconoce el derecho de huelga y el 44 obliga a los poderes públicos a tutelar el acceso a la cultura.
La única neutralidad exigible, en una democracia avanzada como la nuestra, es a las instituciones para que no intervengan, de ninguna forma, en los derechos de la ciudadanía, en la educación suficiente inspirada en los Derechos Humanos y en la Democracia, y en la creación cultural libre.
En la escuela y en la cultura españolas ya hubo un tiempo en que la autoridad decidía qué era propaganda del régimen y cuál era la educación adecuada para generaciones enteras. Un proyecto integral de regeneración moral, política y social para edificar la llamada 'Nueva España', cuya pretensión era la "reconstrucción nacional" (misma denominación que el programa electoral del PP).
A pocos días de las Elecciones Generales del 29 de noviembre, es necesario que la ciudadanía identifique la censura que se impone en Madrid y en Castilla y León, para evitar que el modelo se instaure en todo el país, sin olvidar que la libertad de enseñar y de crear no se pierde de golpe, pero se acaba perdiendo del todo si no se enfrenta desde el primer momento que se pretende liquidar.







