Ávila contará con dos nuevas plazas judiciales en 2027, una en la Sección de lo Penal y otra en la de lo Social del Tribunal de Instancia. Así figura en el reparto de las 17 unidades judiciales previstas para Castilla y León, una propuesta que ha recibido el visto bueno de la Junta, aunque con algunas reclamaciones sobre las necesidades que todavía quedan sin cubrir en la Comunidad.

La Administración autonómica ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un informe de sus Servicios Jurídicos en el que valora favorablemente la distribución territorial de las 500 nuevas plazas judiciales que se crearán en España al amparo de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En el caso de Ávila, las incorporaciones permitirán reforzar dos ámbitos de la Administración de Justicia. Por un lado, se creará la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Social.

El informe autonómico considera especialmente necesaria la incorporación de un nuevo magistrado en el área penal abulense. De hecho, esta petición aparece recogida en las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desde 2020, debido a las necesidades de refuerzo existentes.

Diecisiete nuevas plazas en Castilla y León

Además de las dos incorporaciones previstas en Ávila, el reparto contempla seis plazas de magistrado en las Audiencias Provinciales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid; otras cinco plazas en las secciones de los Tribunales de Instancia de León, Salamanca, Valladolid y Zamora; una nueva Sección de Violencia sobre la Mujer en Salamanca; una plaza de Presidencia del Tribunal de Instancia de Valladolid y dos jueces de adscripción territorial para el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Junta considera adecuada la distribución propuesta, pero advierte de que todavía existen demandas judiciales sin respuesta. En este sentido, vuelve a señalar la falta de nuevas unidades en Palencia y Soria, dos provincias cuyas necesidades llevan tiempo trasladándose tanto desde el ámbito judicial como desde la propia Administración autonómica.

En Palencia continúa pendiente una nueva plaza en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. En Soria, por su parte, sigue sin materializarse la creación de una Sección de Vigilancia Penitenciaria, una reivindicación que también fue incluida entre las prioridades aprobadas por la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en una resolución del 15 de mayo de 2023.

El documento también valora positivamente la puesta en marcha de una Sección de Violencia sobre la Mujer en Salamanca, aunque considera necesario ampliar esta especialización a otros territorios de la Comunidad donde también se ha solicitado contar con órganos específicos para estos procedimientos.

La Junta ya trasladó observaciones similares el pasado mes de febrero, cuando informó favorablemente sobre la distribución de las 19 plazas judiciales previstas para Castilla y León en 2026.