La Audiencia Provincial de Ávila juzgará el próximo 21 de octubre a un hombre acusado de agredir a otro y causarle, entre otras lesiones, la pérdida de cinco piezas dentales. La Fiscalía solicita para I.A.E.B. una pena de tres años y medio de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta los cuatro años. El caso llegará a juicio con posiciones enfrentadas. Mientras el Ministerio Público y la acusación particular atribuyen al procesado la agresión, la defensa niega que sea responsable de los hechos y reclama su absolución.

Según el relato recogido en el escrito provisional de la Fiscalía, los dos hombres se conocieron aquella misma mañana en un bar de Ávila y volvieron a coincidir horas después. Fue entonces cuando, siempre según la acusación, ambos mantuvieron una conversación sobre fútbol que terminó derivando en una discusión. El procesado habría recriminado a la víctima que se metiera con su madre y, a continuación, le habría propinado varios puñetazos en diferentes partes del cuerpo.

La agresión le habría provocado diversas contusiones y el desprendimiento de cinco dientes. Las lesiones requirieron asistencia médica y posteriormente tratamiento odontológico para reparar el daño producido. La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de lesiones.

Además de los golpes y contusiones, uno de los elementos centrales del procedimiento será el daño dental sufrido por la víctima. La acusación particular sostiene que la pérdida de las cinco piezas ha dejado secuelas valoradas en cinco puntos, además del periodo necesario para la curación de las lesiones, que cifra en diez días. Por este motivo, reclama al acusado 8.390,76 euros de indemnización, una cantidad que incluye los daños corporales y las secuelas derivadas de la presunta agresión.

La Fiscalía plantea una responsabilidad civil inferior y solicita que el procesado abone 1.515 euros: 425 euros correspondientes a las lesiones y otros 1.090 euros destinados al tratamiento odontológico.

Las penas solicitadas también difieren entre las partes acusadoras. El Ministerio Fiscal pide tres años y seis meses de prisión, mientras que la acusación particular considera que la pena debe alcanzar los cuatro años. La diferencia se extiende también a las cantidades reclamadas por responsabilidad civil, con una petición de la acusación particular que supera en más de 6.800 euros la planteada por Fiscalía.

Frente a ambas posiciones, la defensa sostiene que I.A.E.B. no cometió ninguna infracción penal y rechaza tanto la pena de prisión como cualquier responsabilidad económica derivada de los hechos.