Ávila acogió la Jornada de Contratos del Sector Público al Servicio del Territorio, un encuentro de carácter técnico organizado por Fundabem con el objetivo de acercar a responsables de contratación y compras de las administraciones públicas las herramientas legales disponibles para impulsar la dimensión social de este proceso, vinculado especialmente al desarrollo de los territorios y el mundo rural.

La cita, celebrada en las instalaciones de la Fundación Tatiana y con la colaboración del Consejo Económico y Social de Castilla y León, se planteó en formato mixto, presencial y online, y estaba especialmente dirigida a secretarios municipales, así como a responsables de contratación de ayuntamientos y diputaciones. Según explicó el presidente de Fundabem, Fernando García, la convocatoria llegó a más de 1.100 profesionales.

García subrayó que la jornada pretende difundir fórmulas ya recogidas tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la Ley de Impulso Integral de la Economía Social, con el fin de que la contratación pública contribuya a "generar un beneficio social" y a dinamizar la economía de los pueblos, aunque también de las capitales de provincia. "Queremos facilitar el acceso a este conocimiento para que sea más fácil esa contratación responsable y social de las administraciones públicas", señaló el presidente de Fundabem.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue precisamente la dimensión social de la contratación pública, una cuestión que destacó el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero. Así, recordó que la contratación pública representa en torno al 15 por ciento del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, por lo que sus efectos alcanzan de forma directa a la ciudadanía a través de infraestructuras, servicios y adquisición de bienes.

Cabero explicó que desde las directivas europeas de 2014 y la posterior Ley 9/2017 se reforzó la idea de que toda contratación pública debe incorporar una perspectiva social y esto supone llegar a los pliegos o las condiciones a la hora de ser convocados los concursos.
pendiente de desarrollo. Sin embargo, hay materias que "están pendientes de un desarrollo más pleno, como son la reserva de contratos, la posibilidad de que algunas de esas contrataciones se destinen de manera específica hacia organizaciones y entidades de alto contenido social". También se refirió a la posibilidad de la acción concertada.

"Se habla mucho de la contratación pública desde la perspectiva de los precios, pero se habla menos de la dimensión social, que es tan importante", afirmó. Y en este sentido, el presidente del CES de Castilla y León incidió en que estas fórmulas pueden contribuir a generar "más actividad económica en el territorio y desde el punto de vista de la ciudadanía, en el medio rural de manera singular, teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades, la igualdad real y la normalización del empleo de personas con discapacidad".

Cabero también enmarcó la jornada en el debate europeo actual, al recordar que la Comisión Europea aprobó recientemente un proyecto de reglamento para regular de nuevo la contratación pública, con un dictamen previo del Comité Económico y Social Europeo que vuelve a poner el acento en la dimensión social de la contratación.

En este sentido, destacó el valor de jornadas como la organizada en Ávila con un papel de promoción e incluso pedagógico para "llamar la atención sobre un aspecto del que a veces se habla menos".

Por su parte, Arturo Santos, secretario general técnico de Adesocial, Economía Social de Salamanca, centró su intervención en la experiencia desarrollada en Salamanca para impulsar la reserva de contratos desde el ámbito local. Santos explicó que Adesocial agrupa a empresas de economía social que contratan tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación de Salamanca, y que su objetivo en la jornada era trasladar ese modelo como ejemplo práctico.

Se refirió a que la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público establece que la reserva de contratos para determinadas entidades no es una opción voluntaria, sino una obligación para las administraciones públicas. En el caso del Estado, apuntó, la reserva se sitúa entre el siete y el diez por ciento de la contratación pública, mientras que para el resto de administraciones el desarrollo queda "abierto".

El representante de Adesocial puso el foco en la importancia de llegar no solo a responsables políticos, quienes dijo que a veces son difíciles de "convencer", sino también al personal técnico de las administraciones públicas, "que son al final quienes ejecutan la contratación y elaboran los pliegos de condiciones".

Alegó que la reserva de contratos para empresas de economía social beneficia especialmente a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. Los primeros trabajan con personas con discapacidad, mientras que las segundas lo hacen con personas en situación o riesgo de exclusión social. Para Santos, esta contratación tiene un impacto directo en la sociedad porque facilita empleo a personas que, de otro modo, podrían depender de ayudas sociales. "Lo que hacemos es ahorrar dinero a las administraciones públicas, porque toda la contratación de nuestros trabajadores queda fuera de las ayudas sociales que tendrían que recibir si no estuvieran trabajando", afirmó. Además, reivindicó que estas entidades "trabajan bien, lo hacen bien y son rentables".

La jornada contó también con la presencia de Beatriz Díaz Morueco, vicepresidenta y diputada de Familia, Dependencia y Oportunidades de la Diputación de Ávila, quien valoró el interés de este tipo de encuentros para avanzar en la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Díaz Morueco señaló que la Diputación considera necesario informarse y asesorarse para poder trasladar después ese conocimiento a los ayuntamientos de la provincia. En su intervención defendió que la contratación de personas con discapacidad debe asumirse como una opción laboral "más", como algo "normalizado" y "no como algo que se hace porque la ley obliga". Destacó que en la provincia de Ávila existen recursos para favorecer su autonomía y que "puedan tener una vida normal".