La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado, en el marco de la Operación Rentafa, un entramado criminal con base en Cataluña dedicado presuntamente a cometer estafas masivas mediante falsas inversiones financieras. La investigación, que se inició a raíz de una querella interpuesta en la provincia de Ávila por un perjuicio de 30.000 euros, ha logrado identificar hasta el momento a 58 víctimas en distintas provincias de España, sumando un daño económico total que asciende a cerca del millón de euros.

Los cuerpos de seguridad han procedido a la investigación de siete personas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa, y a una persona jurídica por su implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, contra el mercado y los consumidores, y contra la Hacienda Pública.

La red operaba a través de una estructura empresarial que ofertaba activos de inversión de nueva creación, prometiendo elevadas rentabilidades en un corto periodo de tiempo, muy superiores a las habituales del mercado. Sin embargo, las cantidades aportadas por las víctimas nunca se destinaban a las inversiones comprometidas, sino que eran desviadas directamente a cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

Para blanquear el dinero y dificultar su rastreo, parte de estos fondos se destinaba a la adquisición de criptoactivos mediante operaciones diseñadas para ocultar su origen y destino.

Sofisticada estrategia de engaño

La organización había constituido una empresa que actuaba como instrumento para captar inversores, construyendo una sólida apariencia de legitimidad. Para ello, disponían de una oficina física abierta al público, una red de agentes comerciales que promocionaban los productos fraudulentos y diversos canales digitales, incluyendo una página web corporativa y una aplicación móvil que simulaba el comportamiento y la evolución de las supuestas inversiones de los clientes.

Un elemento clave en su estrategia de engaño era el uso de su inclusión en un registro administrativo del Banco de España. Este dato se utilizaba para transmitir una falsa sensación de solvencia y supervisión financiera, induciendo a las víctimas a creer que la actividad estaba plenamente regulada y respaldada por las autoridades competentes.

Las víctimas se localizan en provincias como Ávila, Zamora, Cantabria, Madrid y Barcelona. Las diligencias policiales y judiciales continúan abiertas, y no se descarta la aparición de nuevos afectados conforme avance la investigación.