La dirección del centro penitenciario de Brieva (Ávila) ha iniciado los trámites para el traslado de una interna que supuestamente agredió a una funcionaria y a varios trabajadores este martes. El incidente, que ha causado contusiones y arañazos entre el personal, ha provocado una enérgica protesta de los sindicatos, que han aprovechado para reclamar la paralización del proyecto de reestructuración de la prisión hacia un modelo mixto.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, la dirección del centro "va a iniciar el procedimiento de traslado de la interna", atendiendo a la petición de las secciones sindicales de ACAIP-UGT y CSIF, que habían denunciado una "grave agresión" y solicitado el "traslado inmediato" de la supuesta agresora a una cárcel "adaptada" a su perfil de "alta peligrosidad". El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, se ha interesado por el estado de los funcionarios afectados, quienes tuvieron que reducir a la reclusa tras los altercados.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del martes en la sala de televisión de la prisión. Según el relato sindical, la interna, clasificada inicialmente como de Módulo 2 (exigencia media), intentó amotinar al resto de presas. Ante las llamadas a la calma de los trabajadores, la reclusa "terminó abalanzándose sobre una funcionaria, agarrándola fuertemente del pelo hasta arrancarle varios mechones y propinándole numerosos puñetazos".

Los compañeros de la trabajadora también resultaron agredidos con puñetazos y patadas en la cabeza, el torso y las piernas mientras intentaban reducir a la interna. Durante el incidente, otras presas profirieron insultos y amenazas contra los funcionarios. Se ha sabido además que esta mujer ya había insultado y amenazado al personal previamente, durante la apertura de puertas.

Modelo cárcel mixta

Al calor de este suceso, los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF han ido más allá de la petición de traslado y han exigido la "paralización inmediata" de la reestructuración del centro de Brieva hacia un modelo mixto, una decisión que califican de "unilateral". Argumentan que el centro no reúne las condiciones de seguridad necesarias para tal cambio y demandan una "auditoría rigurosa de los riesgos", así como la dotación de "recursos de personal y técnicos precisos".

Asimismo, han criticado la eliminación del módulo de primeros grados en una prisión de mujeres, lo que a su juicio "limita las posibilidades de separación de internas especialmente conflictivas", poniendo el incidente como un claro ejemplo de la falta de preparación y seguridad del centro en su configuración actual.