Operación Bibiache: Desarticulada una red criminal de venta de cachorros de perro en Ávila

El Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil investiga a nueve personas como presuntas integrantes de este grupo

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Operación Bibiache: Desarticulada una red criminal de venta de cachorros de perro en Ávila
Rueda de prensa celebrada este lunes en la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila.
El autor esCarlos Jiménez
Carlos Jiménez
Lectura estimada: 3 min.
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La Guardia Civil ha desmantelado una compleja red criminal dedicada a la cría y compraventa irregular de cachorros de perro, con ramificaciones a nivel nacional y graves consecuencias para el bienestar animal y los compradores. La operación, denominada Bibiache y desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Ávila, ha culminado con la investigación de nueve personas como presuntas integrantes de este grupo.

La investigación se inició el pasado 10 de diciembre, tras detectar sospechas fundadas sobre posibles irregularidades en la cría de animales en la comarca abulense de La Moraña. Las pesquisas revelaron una estructura organizada que adquiría cachorros y los distribuía por todo el territorio nacional, utilizando páginas web y redes sociales como principal medio de captación de compradores.

Durante las inspecciones, los agentes confirmaron la actividad de cría y comercialización ilegal, detectando numerosas irregularidades: los animales carecían de trazabilidad y documentación legítima, los microchips se intercambiaban de forma fraudulenta y los cachorros no estaban debidamente registrados.

La trama no solo defraudaba a los compradores, sino que también comprometía gravemente la salud de los animales. Se constató que los cachorros eran sometidos a desplazamientos de larga distancia con pocos meses de edad, y la falta de documentación sanitaria adecuada derivó en problemas graves de salud tras su adquisición, requiriendo asistencia veterinaria e incluso provocando el fallecimiento de varios ejemplares.

Delitos adicionales

La investigación ha acreditado la presunta colaboración necesaria de tres veterinarios, también investigados, cuya actuación habría permitido el acceso a medicamentos veterinarios y la implantación de microchips de forma irregular, facilitando así la operativa ilegal de la red.

Además de los delitos relacionados con la venta fraudulenta de animales, la Guardia Civil descubrió otras infracciones: la tenencia de ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos, sin la debida documentación CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), y una conexión irregular al suministro eléctrico en las instalaciones. En una segunda inspección, se incautaron numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar.

El análisis económico de la operación ha revelado la magnitud de la estafa. Se han localizado a 636 personas en todo el territorio nacional que podrían haber resultado perjudicadas, al aparecer como ordenantes de transferencias para la adquisición de cachorros. La trama habría obtenido, al menos, 125.265 euros en reservas y pagos documentados, a lo que se suman 21.060 euros acreditados en pagos en efectivo.

Aunque los ingresos confirmados para los cuatro principales beneficiarios ascienden a 146.325 euros en un año, la Guardia Civil estima que los beneficios totales podrían superar los 500.000 euros, considerando pagos aún por analizar y los realizados en efectivo.

Colaboraciones

A los nueve investigados se les atribuyen, según su grado de participación, presuntos delitos contra la protección de la flora y fauna, defraudación de fluido eléctrico, publicidad engañosa, estafa, falsedad documental, intrusismo profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

Las actuaciones han sido desarrolladas bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, contando con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, la Sección Agraria Comarcal de Arévalo, el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, técnicos de I-DE Grupo Iberdrola y el Departamento de Fraude e Investigación de Iberdrola España.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

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