La provincia de Ávila afronta ya la Época de Peligro Alto (EPA) por incendios forestales con parte del operativo sin completar, según denuncia UGT. El sindicato alerta de vacantes sin cubrir en distintos servicios de prevención y extinción y cuestiona la preparación del dispositivo para hacer frente a una campaña que llega después de un año especialmente complicado para la comunidad y la provincia.

La organización recuerda que durante 2025 se registraron en la provincia más de 80 incendios forestales, cuatro de ellos catalogados como grandes incendios al superar las 500 hectáreas quemadas. Según los datos aportados, los fuegos afectaron a municipios como Navaluenga, Mombeltrán, San Bartolomé de Pinares y Herradón de Pinares, y calcinaron más de 8.000 hectáreas.

UGT cuestiona además el incremento presupuestario anunciado por la Junta de Castilla y León para la campaña de incendios de este año. El sindicato asegura que, pese al aumento de la inversión comunicado por la Consejería de Medio Ambiente, no aprecia cambios significativos en los recursos disponibles para afrontar la temporada estival.

Entre las deficiencias señaladas figura la falta de personal en distintos puestos del operativo. Según denuncia, existen vacantes sin cubrir en los puestos de vigilancia, en las autobombas de extinción y entre los Agentes Medioambientales, además de dificultades para completar los turnos de guardia de los Técnicos Forestales. También advierte de que varias autobombas de titularidad municipal podrían no participar en labores de extinción por falta de efectivos.

El sindicato añade que los cinco parques comarcales de bomberos promovidos por la Diputación Provincial continúan sin entrar en funcionamiento al carecer de personal y equipamiento, pese a que las instalaciones están terminadas desde hace aproximadamente un año.

En materia de prevención, UGT considera insuficientes los trabajos realizados durante el invierno. Como ejemplo, indica que en la Comarca de Pinares, con más de 60.000 hectáreas forestales, se actuó en unas 120 hectáreas mediante tratamientos selvícolas y se acondicionaron alrededor de 10 kilómetros de cortafuegos de una red total de 130 kilómetros.

La organización también llama la atención sobre la complejidad creciente de las intervenciones en las zonas de interfaz urbano-forestal, espacios donde las áreas habitadas se encuentran próximas a terrenos forestales. Según explica, el aumento de población en numerosos municipios durante el verano obliga a compatibilizar la protección de viviendas e infraestructuras con las tareas de control del incendio.

Por ello, UGT solicita la implicación de ayuntamientos, diputaciones y confederaciones hidrográficas para impulsar actuaciones preventivas en el entorno de los núcleos urbanos y reducir el riesgo de daños personales y materiales.

Asimismo, el sindicato insiste en que el modelo de extinción debe asentarse sobre las denominadas tres "P": permanente, para mantener recursos durante todo el año; profesional, con personal especializado y formación continua; y público, con financiación y plantillas estables para afrontar una emergencia que, a su juicio, requiere una respuesta estructural y sostenida en el tiempo.