La provincia abulense se enfrenta a una creciente problemática en la atención social. Varios Centros de Acción Social (CEAS) se encuentran en una "precaria situación", sufriendo cierres temporales y una persistente falta de personal, lo que pone en jaque el acceso a servicios esenciales para los ciudadanos más vulnerables. La diputada provincial del Grupo Por Ávila y portavoz de la formación amarilla en la Comisión de Familia, Dependencia y Oportunidades, Esther González, ha sido la voz crítica que ha alertado sobre esta crisis, denunciando además la "falta de transparencia" por parte del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial.

La situación, según ha explicado González, no es nueva. Ya en el Pleno ordinario del pasado mes de mayo, se puso sobre la mesa la problemática del CEAS de Burgohondo, que llevaba sin atención desde el 30 de abril. En respuesta, el presidente de la Diputación, Carlos García, reconoció el problema, extendiéndolo también al CEAS de Sanchidrián, y aseguró que se cubrirían las plazas "a la mayor urgencia posible", prometiendo información detallada sobre los plazos.

Sin embargo, diez días después del Pleno, la situación dista mucho de haberse resuelto. "El equipo de Gobierno no nos ha trasladado ninguna información", lamentó la diputada, quien confirmó que el CEAS de Burgohondo "sigue cerrado a cal y canto". Tampoco se ha informado sobre las medidas concretas para solucionar la crisis ni sobre cuándo se harán efectivas. La reapertura del CEAS de Sanchidrián, señaló González, ha tenido que conocerse por "terceros", evidenciando una preocupante falta de comunicación oficial.

Según denuncian desde Por Ávila, la "falta de operatividad" de estos centros agrava un problema de fondo: una extensa lista de espera para las valoraciones de dependencia. A fecha de 21 de mayo, 659 personas aguardaban en la provincia para obtener su primera valoración o una reevaluación de su grado de dependencia, un trámite indispensable para acceder a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

González subrayó la gravedad de la situación al recordar que los CEAS atienden a una población "en su mayoría vulnerable, con necesidades especiales o de edad avanzada". Ante este panorama, la diputada defendió la profesionalidad de las trabajadoras sociales y exigió al equipo de gobierno que adopte "medidas necesarias" para el personal, "dimensione correctamente la plantilla" y busque "soluciones estructurales" que agilicen la cobertura y sustitución de puestos. El objetivo, concluyó, es "desatascar" la lista de espera y garantizar que ningún ciudadano de la provincia tenga que soportar "un centro de acción social con las puertas cerradas a las personas que más lo necesitan".