La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad mediante una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979. La iniciativa, impulsada por el PSOE, continuará ahora su tramitación parlamentaria en el pleno del Congreso para su aprobación definitiva, después de que el pasado martes socialistas, Partido Popular y PNV alcanzaran un acuerdo sobre el texto. La comisión rechazó las enmiendas presentadas por Junts per Catalunya, Sumar y Vox, mientras que únicamente Esquerra Republicana de Catalunya votó en contra de la propuesta.

El diputado socialista José Luis Aceves celebró el consenso alcanzado y destacó que el acuerdo permite dar respuesta a una "demanda histórica" de alrededor de 25.000 empleados públicos de Instituciones Penitenciarias. Desde el Partido Popular, Fernando de Rosa también mostró su satisfacción por el avance de la reivindicación, subrayando además que el reconocimiento se extenderá al personal laboral. Por parte de Junts, Marta Madrenas anunció que mantendrá vivas sus enmiendas para reivindicar el modelo penitenciario propio de Cataluña y reclamar financiación estatal para asumir los costes derivados de la reforma, aunque respaldó finalmente el texto.

La modificación legislativa supondrá un refuerzo de la protección jurídica de los funcionarios de prisiones. Entre sus posibles efectos figura un incremento de las indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones, además de otorgar presunción de veracidad a sus testimonios. 

Desde Sumar, el diputado Enrique Santiago valoró positivamente el consenso alcanzado, aunque reclamó más inversión y políticas preventivas para garantizar condiciones laborales seguras en las cárceles. Asimismo, pidió acelerar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas que todavía no tienen asumida esa competencia.

El diputado de Vox, David García, consideró que la reforma supone "un paso adelante", aunque insuficiente, y aprovechó el debate para reclamar que policías nacionales, guardias civiles y trabajadores de seguridad privada sean reconocidos como "agentes de riesgo". Por el contrario, Pilar Valluguera, de ERC, criticó el acuerdo entre el PSOE y los partidos de la derecha y sostuvo que la medida "no hace ningún favor" a los funcionarios de prisiones en el desempeño de sus funciones.