Los socialistas acusan al equipo de Gobierno de vulnerar la normativa, limitar la fiscalización de la oposición y agravar el deterioro de la vida social del municipio
La Diputación de Ávila tramita 250 solicitudes de regularización de residencia
Los CEAS provinciales han elaborado ya cerca de 150 certificados de vulnerabilidad social tras la nueva normativa estatal
La Diputación de Ávila ha gestionado alrededor de 250 solicitudes relacionadas con el nuevo procedimiento de regularización de residencia por arraigo extraordinario, puesto en marcha tras la entrada en vigor, a mediados de abril, de la normativa estatal sobre residencia por circunstancias excepcionales.
El Área de Familia, Dependencia y Oportunidades activó un dispositivo específico para coordinar la atención a los solicitantes y elaborar los informes de vulnerabilidad social requeridos en determinados casos por la nueva regulación. Según explica la vicepresidenta segunda y diputada responsable del área, Beatriz Díaz, "la situación generada por la nueva norma del Gobierno de España y ante la necesidad de ofrecer una respuesta ágil y coordinada a los ciudadanos de la provincia, tomamos medidas y ya el 21 de abril comenzaron las entrevistas en los CEAS de El Barco-Piedrahíta".
Posteriormente, las entrevistas se extendieron a otras zonas como Arenas de San Pedro-Candeleda y Arévalo, con la previsión de continuar de forma progresiva en el resto de comarcas de la provincia.
Díaz señala que, una vez superada la primera fase de organización del operativo, "podemos cifrar que se han registrado unas 250 solicitudes en toda la provincia, de las que se han elaborado, aproximadamente, 150 certificados de los cuales cerca de cien han sido entregados a sus correspondientes solicitantes".
Los informes de vulnerabilidad social forman parte de los requisitos establecidos en la disposición adicional vigesimoprimera de la normativa estatal para algunos procedimientos de autorización de residencia temporal. Para obtenerlos, los interesados deben presentar una solicitud y mantener posteriormente una entrevista personal con los profesionales del área, quienes verifican aspectos como la residencia en la provincia antes de emitir el informe técnico correspondiente.
La diputada provincial recuerda, no obstante, que "este informe no es exigible en todos los casos". Entre las excepciones se encuentran "aquellos solicitantes que dispongan de una oferta de empleo o formen parte de una unidad familiar, entre otros supuestos".
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