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Denuncian retrasos en el pago del complemento por trabajar los sábados en Sacyl y amenazan con movilizaciones
El sindicato acusa a la Junta de incumplir un acuerdo de 2025 y exige el abono inmediato con carácter retroactivo
UGT Servicios Públicos Castilla y León ha denunciado la "inaceptable demora" en la aplicación del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 en la Mesa Sectorial de Sanidad, que contemplaba extender el complemento de atención continuada en sábados a todas las categorías profesionales del SACYL que realizan esta prestación.
El acuerdo llegó tras meses de movilizaciones y protestas impulsadas por el sindicato para corregir lo que calificaban como una situación de "clara discriminación". Esta desigualdad se originó tras la aprobación del Decreto 27/2024, que reconocía este complemento únicamente a determinadas categorías, dejando fuera a otros profesionales que también trabajan en sábados dentro de su jornada ordinaria.
Según recuerda UGT, tanto el consejero de Sanidad como la Gerencia Regional de Salud se comprometieron a aplicar esta medida durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, una vez superado ese plazo, el sindicato asegura que la Administración no ha cumplido lo pactado, lo que está generando "incertidumbre y malestar" entre los trabajadores afectados.
Desde la organización sindical consideran que este retraso supone "una falta de respeto hacia los profesionales" y una vulneración de la negociación colectiva. Además, subrayan que el acuerdo incluía la aplicación del complemento en igualdad de condiciones y con carácter retroactivo, algo que todavía no se ha materializado.
En este contexto, UGT advierte de que la situación mantiene una desigualdad retributiva y un perjuicio económico continuado para el personal sanitario afectado, por lo que exige a la Gerencia Regional de Salud que proceda "de manera inmediata" a su aplicación efectiva y al pago de las cantidades pendientes.
El sindicato no descarta endurecer su respuesta si no hay avances a corto plazo. De hecho, ya ha advertido de que podría retomar un calendario de movilizaciones e incluso emprender acciones legales "hasta las últimas consecuencias" para defender los derechos de los profesionales del sistema sanitario público en Castilla y León.
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