La regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno y en la que participa CCOO Ávila continúa generando debate social y político. El secretario general del sindicato en la provincia, José Alberto Novoa Nieto, ha defendido con contundencia el proceso, insistiendo en que responde a una cuestión de justicia social y en la necesidad de garantizar derechos a personas que ya residen en España. El sindicato, entidad colaboradora del proceso aprobado por el Gobierno, ya ha iniciado labores informativas y de asesoramiento entre la población migrante.

Novoa ha recalcado que se trata de un procedimiento dirigido a personas que llevan tiempo en el país, por lo que rechaza frontalmente uno de los principales bulos: el supuesto "efecto llamada". "Estamos hablando de personas que ya están aquí", ha insistido, subrayando que el objetivo es su regularización administrativa, no su nacionalización.

En este sentido, ha denunciado que se está "intoxicando a la opinión pública" al confundir ambos conceptos y al trasladar la idea de que este proceso implica concesiones automáticas de nacionalidad. Según ha explicado, la regularización únicamente permitirá acceder a derechos laborales y cumplir también con obligaciones, como la cotización a la Seguridad Social.

Otro de los ejes del discurso ha sido la crítica a los mensajes que vinculan inmigración con el deterioro de los servicios públicos. Novoa ha sido claro al respecto: este deterioro responde a una "mala gestión", señalando directamente a la administración autonómica. En concreto, ha afirmado que en Castilla y León existe un deterioro "sistemático" por la gestión del Partido Popular, desligando así la presión sobre los servicios públicos de la llegada de población extranjera.

Además, ha cargado contra los discursos políticos que apelan a la llamada "prioridad nacional", calificándolos de "miserables" e "imposibles de aplicar". A su juicio, este tipo de planteamientos buscan generar confrontación social y desviar el foco de los problemas reales. En esta línea, ha advertido de que determinados mensajes de la extrema derecha pretenden trasladar su debilidad electoral al "enfrentamiento callejero entre la población".

Desde CCOO también se ha puesto el foco en los beneficios económicos del proceso. La regularización permitirá aflorar economía sumergida y situaciones de explotación laboral, especialmente en sectores donde los trabajadores migrantes sin papeles son más vulnerables. "Que mucha gente deje de ser invisible y deje de estar explotada" es uno de los objetivos centrales, ha señalado Novoa.

Desde el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), la asesora Cristina Pindado ha destacado que el proceso es gratuito y ha alertado de la existencia de intermediarios que intentan cobrar por estos trámites. También ha recordado que uno de los requisitos clave es haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, lo que desmonta el supuesto "efecto llamada".

En apenas unas semanas, CCOO ha atendido entre 130 y 150 personas interesadas en este proceso. El proceso administrativo, que estará abierto hasta el 30 de junio, comenzará a tramitar solicitudes en mayo y ya moviliza a distintas entidades y administraciones. Las principales dudas se centran en la recopilación de documentación y en cómo acreditar el tiempo de estancia en el país. Según Pindado, el proceso se está desarrollando con normalidad y ya se atienden unas 50 personas al día entre distintas entidades.

El sindicato insiste en que esta regularización supondrá beneficios tanto para las personas migrantes como para el conjunto de la sociedad, al facilitar que más trabajadores coticen y accedan a derechos en igualdad de condiciones.