El Gobierno ha solicitado formalmente este martes la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, tras poner fin al proceso administrativo y concluir que esta entidad hace "apología" del franquismo y "humilla" a las víctimas de la dictadura, según ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun en una rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024 al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación presentó alegaciones que fueron rechazadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.

En concreto, Urtasun ha firmado este martes la resolución que servirá de fundamento para que inste a la extinción la Abogacía del Estado, que es el órgano competente para hacerlo y el que acaba de dar el visto bueno con un informe en el que asegura que la extinción que reclama el Gobierno es conforme a derecho.

Urtasun augura una batalla judicial de la Fundación

El ministro ha explicado que será un juzgado de primera instancia el que se ocupe del expediente, pero ha evitado pronunciarse sobre posibles plazos y se ha limitado a decir que su deseo es que el proceso judicial sea "lo más rápido posible".

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno ha ido "todo lo rápido" que ha podido en el "laborioso" proceso administrativo para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco, al considerar que hay causas legales para pedirlo "de manera fehaciente" tanto en la Ley de Memoria Democrática como en la Ley de Fundaciones.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso y bien fundamentado jurídicamente. Y ahora la decisión final, como ustedes saben, está en manos de un juez", ha señalado.

En las alegaciones presentadas hasta ahora, la Fundación Francisco Franco ha defendido que la permanencia de la entidad está amparada por la Constitución y ha negado que menosprecie y humille a las víctimas del franquismo.

Urtasun ha augurado que en esta nueva fase la Fundación va a utilizar "todos los resortes legales a su alcance para tratar de impedir que este proceso judicial avance", pero ha afirmado que es optimista.

En respuesta al anuncio del Gobierno, fuentes de la Fundación Francisco Franco han acusado al Ejecutivo de intentar tapar con su proceso de extinción los presuntos casos de corrupción que les afectan. Estas fuentes han asegurado a EFE que con esta decisión el Gobierno está persiguiendo la libertad de opinión y expresión, algo que considera propio de las dictaduras socialistas.

Recuperación del archivo de la Fundación

En paralelo al proceso de extinción judicial, el Ministerio de Cultura ha instado a la Abogacía del Estado a iniciar la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo que posee la Fundación Francisco Franco, al considerar que son de carácter público.

Por otro lado, Cultura está analizando los posibles indicios para instar a la extinción judicial de las Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, en todos casos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Esta ley recoge la posibilidad de pedir a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo.