El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila presentará en el pleno de marzo dos mociones centradas en la accesibilidad y la ocupación ilegal de viviendas, según ha anunciado su portavoz, Jorge Pato, quien ha defendido una oposición "responsable y constructiva".

La primera iniciativa pone el foco en la accesibilidad universal, uno de los "ejes principales" del grupo, ya que, según ha señalado, "el tema de la accesibilidad nos ha preocupado en todo momento". En este sentido, los populares solicitan la revisión de todas las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida para garantizar que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la normativa.

La propuesta incluye la elaboración de un catálogo de plazas que no se ajusten a la normativa y la posterior priorización de actuaciones por parte de los técnicos municipales, atendiendo a criterios como la cercanía a centros sanitarios o la demanda de uso. El objetivo, ha explicado Pato, es "mejorar la accesibilidad en nuestra ciudad" y adaptar estos espacios a los estándares actuales.

El portavoz popular ha subrayado que esta moción refleja que es posible "hacer una oposición firme, pero también una oposición responsable y constructiva", al tiempo que ha reivindicado el componente social de su formación, asegurando que "el Partido Popular sigue teniendo en su ADN el tema social muy presente".

La segunda moción aborda la ocupación ilegal de inmuebles, una problemática que el PP considera creciente. Pato ha advertido de que "no hay herramientas legales que sirvan para dotar de seguridad a los propietarios" y ha criticado que determinadas decisiones del Gobierno central han favorecido que "el fenómeno de la ocupación y la inquiocupación haya ido en ascenso".

Ante esta situación, los populares plantean instar al Gobierno de España a actuar "de manera eficaz" y solicitan a la presidenta del Congreso la tramitación urgente de una proposición de ley orgánica presentada por el PP. Entre las medidas incluidas figuran la tipificación de la promoción de la ocupación, la posibilidad de cortar suministros sin que se considere coacción o la creación de un procedimiento exprés para recuperar la posesión de viviendas.

El portavoz ha defendido que el objetivo es "defender lo primero la propiedad privada" y garantizar la convivencia vecinal, al considerar que la ocupación "es una forma de delincuencia" que genera "graves trastornos" tanto a propietarios como a vecinos.

Pato ha reconocido que, aunque la administración local tiene competencias limitadas, la situación también afecta a Ávila, donde "los abulenses afectados por estos fenómenos se sienten completamente desamparados". Por ello, ha insistido en la necesidad de una respuesta estatal.