El Gobierno ha dado luz verde a una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de que no quede ningún resquicio legal que permita los espectáculos cómico-taurinos que denigren a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que añade un apartado 4 al artículo 90 del citado reglamento, con la siguiente redacción: "En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado esta modificación normativa para reforzar la prohibición establecida desde 2023 a través de la Ley General de la Discapacidad.

"Nunca más se puede consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", ha aseverado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El ministerio recuerda también que ofrece el programa 'Pisadas con dignidad' de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos.

Pese a la prohibición, de forma esporádica se han programado espectáculos de este tipo, en la mayoría de los casos prohibidos por las autoridades. En febrero de 2025, un juzgado de Málaga dio la razón a los promotores del evento 'Toreo cómico', al que la Junta de Andalucía había denegado dos años antes su autorización, porque en él participaban personas con enanismo. El juzgado consideró que no existían pruebas de que el espectáculo tuviera como fin la mofa.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de la UTAC (Unidad técnica de apoyo y coordinación), un órgano que asesorará y controlará a las administraciones autonómicas en el cumplimiento de la directiva europea de accesibilidad para las personas con discapacidad.

El Gobierno -explica el ministerio de Bustinduy- culmina el proceso de transposición de esta directiva europea que obliga a garantizar los derechos de los consumidores con discapacidad para que puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.