La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Ávila ha puesto el foco en las discrepancias existentes entre las manifestaciones del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León y las del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en relación con la atención a los pacientes de ictus en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Según la Plataforma, mientras el consejero de Sanidad ha llegado a calificar al Hospital de Ávila como un centro "de segunda" y ha apuntado a la necesidad de trasladar a los pacientes con ictus a otros hospitales, el presidente Mañueco sostiene que la puesta en marcha de la Unidad de Ictus evitará que los enfermos tengan que salir de la provincia para recibir atención.

Esta contradicción institucional, advierte el colectivo, adquiere una especial gravedad si se tiene en cuenta que 18.644 personas han respaldado con su firma la reclamación de una sanidad digna en Ávila y de una Unidad de Ictus real, completa y plenamente operativa. A juicio de la Plataforma, la respuesta de la Junta contrasta con la claridad del mensaje lanzado por la ciudadanía, que denuncia mensajes confusos y enfrentados desde el propio Ejecutivo autonómico.

El colectivo recuerda que el ictus es una emergencia sanitaria tiempo-dependiente, en la que cada minuto resulta decisivo. En este sentido, considera inaceptable que se genere incertidumbre sobre el lugar de atención de los pacientes, con el riesgo añadido que supone la posibilidad de desplazamientos de decenas de kilómetros fuera de la provincia.

Ante esta situación, la Plataforma reclama explicaciones claras y compromisos concretos, entre ellos la creación de una Unidad de Ictus real en el Hospital de Ávila, la dotación de personal especializado suficiente y de medios técnicos adecuados, así como la garantía de que no se producirán traslados sistemáticos a otros centros sanitarios.

Las 18.644 firmas recogidas reflejan, a su juicio, el hartazgo y la preocupación de la población abulense. La Plataforma subraya que la sanidad pública no puede gestionarse a base de propaganda ni declaraciones contradictorias y defiende que Ávila no puede ser una sanidad de segunda, porque la salud no depende del código postal.