Castilla y León es la única comunidad sin lista de espera en dependencia a final del 2025, tanto en solicitudes de grado de más de seis meses y beneficiarios con y sin prestación, según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de diciembre de 2025.

Castilla y León cerró diciembre del 2024 con cinco personas en espera en dependencia, con cero a 31 de diciembre de este 2025, tras los 8.960 que tenía a diciembre del 2020, según los datos del Ministerio recogidos por EFE.

A Castilla y León le siguieron Ceuta, con 53 personas en espera, La Rioja, con 104, y Cantabria con 108.

La lista de espera de la dependencia se redujo casi un 20 % a cierre de 2025 respecto a un año antes y son 152.693 las personas pendientes de una respuesta después de seis meses, el plazo que marca la ley.

Son datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ha atendió en 2025 a 1.635.462 personas, 141.151 más respecto a 2024 (el 9,4 %), que sigue soportando una presión demográfica que irá en aumento en los próximos años, según ha destacado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

En concreto, las solicitudes crecieron un 7,4 por ciento en el último año y el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se sitúa en 341 días.

La responsable de Derechos Sociales ha señalado que los últimos datos muestran el "máximo histórico" de personas atendidas en el sistema y consolidan la tendencia de mejora en todos los indicadores de gestión y atención.

Sin embargo, Martínez ha incidido en la necesidad de "continuar reforzando la capacidad de sistema para garantizar derechos y dar respuesta a los desafíos demográficos y sociales de los próximos años".

Acelerón en el último trimestre

Los datos facilitados por las comunidades autónomas muestran una reducción mayor de la lista de espera en el último trimestre del año, en concreto un 12,4 %, lo que supone 21.713 personas menos.

Si se toma como punto de partida el cierre de 2020, cuando la lista de espera se situaba en 311.445 personas, ha disminuido más del 51 % (158.752 personas menos). "En cinco años hemos reducido la lista de espera a la mitad, incluso en el contexto de crecimiento constante de la demanda".

Se recorta también el tiempo medio de gestión desde que se presenta una solicitud resuelve la prestación de 349 días del anterior trimestre a los 341 del periodo octubre-diciembre de 2025. Presentan los mejores tiempos Ceuta (82 días), Castilla y León (113 días) y País Vasco (129).

Respecto al aumento de las personas beneficiarias con prestación que creció en 141.151 en 2025, casi 60.000 entraron en el sistema en el último trimestre.

Urgente reducir la burocracia

La responsable de Derechos Sociales ha destacado la urgencia de aprobar la reforma del sistema que se tramita en el Congreso por las medidas que incorpora para simplificar los procesos administrativos.

Ha incidido en que la reducción de los plazos debe ser un desafío acompañado de un acceso más justo y adaptado a las necesidades de cada persona, reforzando la asistencia personal y los programas de vida independiente, relata EFE. 

El 57 % de las prestaciones se dan en el entorno comunitario, registrando un aumento de un 4,5 % que hace cinco años.

La teleasistencia y la ayuda a domicilio son los servicios profesionales más habituales, que han crecido un 19,9 % y un 10,6 % respectivamente respecto al año anterior.

Los datos muestran que más personas optan la combinación de diferentes prestaciones, pasando de 1,27 por persona en 2020 a 1,43 en 2025. "El sistema va adaptándose y es cada vez más flexible en función de los apoyos y necesidades de las personas", ha añadido.

Además, ha recordado la prioridad de asegurar que entren en el sistema 260.000 profesionales más antes de 2030 y de realizar un esfuerzo de inversión por parte de todas las administraciones.

Rosa Martínez ha apostado por seguir reforzando los servicios de ayuda a domicilio y de entornos comunitarios, que en ámbitos como el rural presenta mayor complejidad.

"La mayor parte de los cuidados y apoyos sigue recayendo en las familias", ha aseverado. El perfil de la persona cuidadora no profesional tiene un rostro de mujer: el 72,3 % son mujeres y el 27,7 % hombres.