Con motivo del Día de los Derechos Humanos, la Confederación Salud Mental España ha reclamado la paralización definitiva del Protocolo adicional al Convenio de Oviedo, cuya votación podría retomarse en enero de 2026 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE). Según la entidad, este documento supondría un retroceso en materia de derechos humanos al permitir tratamientos e internamientos involuntarios para personas con problemas de salud mental.

La organización, que presenta la edición 2025 de la campaña #DerechoANuestrosDerechos, argumenta que el Protocolo "refuerza la institucionalización" y "aumenta el uso de la coacción en psiquiatría". Gracias a la presión de entidades sociales de toda Europa, su aprobación permanece suspendida desde 2022, aunque la Confederación alerta de que el proceso legislativo será reactivado en las próximas semanas.

Durante el último año, Salud Mental España ha remitido cartas personalizadas a miembros de la PACE solicitando que emitan una opinión negativa sobre el texto. La organización sostiene que el Protocolo "autoriza la privación de libertad basada en la presunción de riesgo", no impulsa recursos alternativos centrados en la voluntad y preferencias de las personas usuarias y contradice la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presidente de la Confederación, Nel González Zapico, asegura que el documento "responde a un modelo anclado en el pasado y estrictamente biologicista", e insiste en que las medidas que contempla (internamientos involuntarios, medicación forzosa o contención física y química) podrían tener "el efecto contrario a la protección de derechos".

La campaña incorpora un posicionamiento elaborado por representantes en primera persona y una serie de materiales informativos que explican el alcance del Convenio de Oviedo y del Protocolo adicional. La Confederación defiende avanzar hacia un modelo de atención comunitaria basado en los derechos humanos y reclama mayor inversión, refuerzo de equipos y una red más cohesionada que evite recurrir a medidas coercitivas.

Salud Mental España recuerda que la prohibición de tratos inhumanos o degradantes es una obligación internacional inmediata, y pide un dictamen "claro e inequívoco" que evite la aprobación del texto actual por parte del Consejo de Europa.