La próxima fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha lamentado la "profunda herida" abierta en la Fiscalía española con el procedimiento penal al que se enfrentó su antecesor, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por un delito de revelación de datos reservados y cuya sentencia aún no se conoce.

Las primeras palabras de Peramato en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados han sido de reconocimiento a sus antecesores y, "en particular", al trabajo de Álvaro García Ortiz y su equipo en la modernización del Ministerio Público.

"No puedo, ni debo, eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar —espero y deseo— bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha manifestado la futura fiscal general.

Peramato fue propuesta por el Gobierno tras la carta de cese de su antecesor después del adelanto del fallo condenatorio del Supremo el pasado 20 de noviembre, que no surtirá efecto hasta que la sentencia que inhabilita a García Ortiz y el voto particular de las dos magistradas que abogaban por la absolución se terminen y se notifiquen.

Ante los diputados, Peramato ha defendido la imparcialidad y autonomía de la Fiscalía, de la que ha destacado que no solo promueve la acción pública sino que es "garante de la ley".

Así, ha relatado que en el nombramiento del fiscal general intervienen los tres poderes y que el hecho de que la propuesta parta del Ejecutivo no es insólito ni exclusivo, sino que se sigue en la práctica totalidad de los países del entorno de España, "sin que haya supuesto sembrar duda alguna sobre la imparcialidad" de la institución.

A su juicio, el examen que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace de los requisitos legales reviste de independencia al Ministerio Fiscal frente a los otros dos poderes.

En su comparecencia, ha apuntado además que la "dependencia jerárquica" que rige la Fiscalía se ha utilizado para sembrar "dudas injustificadas" sobre su actuación, algo que a su juicio supone "desconocer el funcionamiento de la Fiscalía, sus mecanismos para la toma de decisiones, su sistema de garantías y contrapesos", y el trabajo diario de los fiscales.

Peramato, que recibió el respaldo unánime de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que no ocurría desde 2018, ha expuesto además ante los diputados del Congreso su trayectoria durante 35 años como fiscal de carrera, por la que es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista.

"Vetusta justicia penal"

Durante su comparecencia, Peramato ha realizado en el Congreso "un llamamiento al consenso parlamentario" para aprobar una de las propuestas estrella del Ministerio de Justicia para que sean los fiscales y no los jueces los que investiguen los procedimientos penales. Dudas con la propuesta de Justicia.

En su exposición ante los diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja -último trámite antes de ser nombrada-, Teresa Peramato les ha pedido "diálogo" y un "acuerdo en favor del superior interés de la sociedad española" para aprobar una "norma transformadora" de la "vetusta justicia penal", que ha calificado de "hito histórico".

Tras hacer un repaso de su trayectoria en el ministerio público, donde ingresó en 1990, con especial atención a la lucha contra la violencia machista, Peramato ha aludido al reto de "mayor trascendencia" que afronta el Ministerio Público: "El cambio de modelo procesal penal".

Como sus antecesores, Peramato ha explicado que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está "obsoleta, agotada" en un momento de "progresivo aumento de la litigiosidad", "excesiva dilación de la reacción penal y la proliferación de una delincuencia más organizada, compleja y sofisticada".

"Tienen ahora, señorías, la oportunidad de culminar este perentorio y ya demasiado largo proceso", ha señalado Peramato a los diputados, a quienes ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el pasado mes de octubre el anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal para dar la instrucción penal a los fiscales, y que actualmente está en trámite parlamentario.

Para la fiscal, "la importancia de esta reforma para la justicia y para toda la ciudadanía es crucial" y "trasciende a la lógica de partidos y a la propia contienda política", y por ello ha hecho "un público llamamiento al consenso parlamentario" para sacarla adelante. "El Ministerio Fiscal está sobradamente preparado y contamos con la experiencia necesaria para asumir este desafío con la mayor eficacia y rigor", ha subrayado.