El candidato a la presidencia de la Junta insiste en que antes de hablar de cargos o formar gobiernos hay que cambiar "muchas políticas" de la región
Nueve Castilla y León denuncia la ilegalidad de los presupuestos autonómicos de 2026
El partido liderado por Silvia Clemente acusa a la Junta de tramitar las cuentas sin cumplir los requisitos legales previos y califica las medidas de "propagandísticas"
El partido Nueve Castilla y León (Nueve CyL) ha denunciado la "ilegalidad" y el "engaño político" que, a su juicio, supone la presentación de los presupuestos autonómicos para 2026 por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Según la formación, las cuentas se han tramitado sin la aprobación previa del techo de gasto, un paso obligatorio que establecen tanto la Ley 7/2012 de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León como la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La presidenta del partido y ex presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, subraya que el procedimiento seguido por la Junta "es claramente irregular" y advierte de que la Ley de Presupuestos podría ser nula de pleno derecho si continúa el proceso.
Medidas "insufiencientes"
Nueve CyL sostiene que los presupuestos son "un mero ejercicio de propaganda", con "promesas y grandes anuncios sin respaldo legal", y cita varios ejemplos de lo que considera medidas insuficientes o inconsistentes:
- Un supuesto aumento del 30% en el presupuesto de Medio Ambiente, sin detallar mejoras en la prevención de incendios o la estabilidad laboral del operativo forestal.
- 30 millones de euros para autónomos, pese a que la comunidad "ha perdido más de 3.000 afiliados" desde 2024.
- Incremento del gasto sanitario mientras "las listas de espera superan las 30.000 personas".
- 34 millones para suelo industrial, aunque "muchas zonas carecen de suministro energético suficiente".
- 2.839 millones para sostenibilidad demográfica, sin una estrategia autonómica contra la despoblación.
El partido, por último, reclama "seriedad, rigor y respeto a la ley", y defiende una forma distinta de hacer política "basada en la transparencia y el respeto a los ciudadanos de Castilla y León".
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