En los últimos años, los empleados públicos venimos sufriendo continuos recortes de sueldo, de derechos laborales y de imagen pública por parte, fundamentalmente, de las propias administraciones que deberían ser las garantes de todo lo contrario.  

Para ello han contado con el inestimable apoyo de la derecha mediática más rancia que, con un machaque diario de mentiras y medias verdades, han hecho que cale en la opinión pública una visión de los empleados públicos como privilegiados, vagos y vividores; algo que bien podría achacarse a buena parte de los responsables políticos que han tenido y tienen la gestión de lo público en sus manos porque han recibido unos votos que les eterniza en los cargos, muuuuchos cargos. Con la legitimidad que les da las urnas y con la otra NO legitimidad, la que se dan a sí mismos, se han dedicado, entre otras cosas, a nombrar a dedo, como en los tiempos “gloriosos”, altos cargos y una legión de asesores de imagen, asesores políticos, asesores de…, colaboradores, etc., que sí cobran unos sueldos jugosos, sin ningún mérito más allá de conocer, ser familiar o ser copartidario de quien los nombra. Y, claro, se han limitado a ser la voz de su amo y ejecutar las políticas dictadas por sus digitales mentores.  

Estos mismo responsables políticos se han esforzado mucho. No han parado hasta conseguir poner al borde del abismo cualquier servicio público, cualquier recurso público, cualquier fin público. Han sacrificado lo público en beneficio de los intereses privados de unos pocos; han sacrificado lo colectivo para favorecer ciertos negocios individuales. En definitiva, han sacrificado todo lo que entendemos por bien social y universal y han logrado lo que perseguían: su bien individual y el retorno del amiguismo.  

La sociedad abulense debe conocer lo que realmente cobra la mayoría de los empleados públicos que hemos accedido a nuestros puestos superando unos duros procesos selectivos: la inmensa mayoría no alcanzan los 1500€  brutos mensuales y, muchos y muchas, ven el mileurismo como un objetivo a conseguir. Objetivo cada vez es más lejano debido a los recortes pasados, presentes y futuros que ya están sobre la mesa de las distintas administraciones públicas. Comparando estas cantidades con lo que perciben muchos de los “colocados” a dedo, sí surgen diferencias apreciables y dejan claros los verdaderos objetivos de estos nefastos gestores de lo público.  

La sociedad debe conocer, también, que en los últimos años no hay nuevas incorporaciones por oposición en ninguna administración, con la correspondiente carga de trabajo aumentada para el personal que va quedando. Y, si hay algún personal nuevo, suele ser a través de la “ayuda externa” de empresas propias o amigas, donde es fácil suponer que la igualdad, el mérito y la capacidad, brillan por su ausencia. No hay ninguna posibilidad de promoción en nuestra administración autonómica excepto, curiosamente, los puestos de libre designación, figura que, si bien es legal, deja claro cuáles son las preferencias de los responsables: colocar amigos y amigas; los demás que aguanten el chaparrón.  

La sociedad abulense debe ser consciente de la realidad que los responsables políticos locales y regionales, que tantos años llevan gobernando nuestra cosa pública, han conseguido que se instale en nuestra ciudad y provincia: no existe tejido industrial alguno, a salvo de pequeñas excepciones; el pequeño comercio tradicional y la hostelería siguen una pendiente negativa que se observa claramente si cualquiera da un paseo por el barrio que quiera de nuestra ciudad y cuenta el número creciente de locales cerrados… y los que no lo están se observan vacíos, sin clientela “ni para mirar escaparates”.  

¿Qué nos queda ante este desolado paisaje?  

Pues solamente el turismo precario que recibimos.  

Y, por supuesto, el empleo público.  

Los empleados públicos mantenemos, pues, la mayor parte de la actividad económica, social, cultural y de todo tipo en nuestra ciudad. Y, sin duda, la mayor empresa de esta provincia es la Administración (estatal, autonómica y local), que se abastece directamente en los comercios y empresas de servicios locales.  

Y este mes de diciembre los empleados públicos vamos a poder aportar bien poco a que esos comercios y locales de hostelería que siguen abiertos puedan medio salvar un año oscuro más en esta retahíla de ejercicios donde, como en un agujero negro, nos han sumido los irresponsables políticos con la aplicación de las reformas neoliberales desreguladoras de los mercados. Dónde nos han sumido, también, los codiciosos banqueros que se han acabado cargando los propios negocios bancarios y, como consecuencia, todos los demás porque no dan crédito a nadie que pretenda emprender (excepto a mafiosillos con proyectos irreales que prometen el oro y el moro al precio que sea, incluso de destruir lo poco que va quedando de control público y de dignidad como sociedad).  

Pocos regalos navideños habrá este año. Pocas cenas de empresas públicas o comidas de compañeros. Pocos gastos extra. Porque, nadie se equivoque, la extra de diciembre de los empleados públicos, como la de cualquier otro trabajador o trabajadora, se gastaba. Y se gastaba mayoritariamente en la propia localidad donde cada uno vive y trabaja. De tal manera que quien va a ver la repercusión última de este robo va a ser el comercio local, la hostelería local, la pequeña industria local, las empresas de servicios locales.  

Y una vez más el empleo. Ese empleo, cada vez más precario y escaso, gracias a unas reformas legislativas aplaudidas con las orejas por algunos empresarios y comerciantes que tendrán que acabar cerrando sus establecimientos porque los pocos que podían consumir algo en su local van a dejar de hacerlo. Y sobre todo el empleo juvenil, casi inexistente, que obliga a nuestros jóvenes a emigrar o encerrarse en el hogar familiar.  

Ni somos llorones ni vamos de víctimas. Sólo queremos recordar que teníamos unos derechos que nos han arrebatado. Nada más. Nada menos. Unos derechos que quizá no volvamos recuperar.  

Como última medida, aún estamos a tiempo de que la sociedad en su conjunto muestre su visión de futuro y algo de dignidad colectiva y, encabezada por CONFAE (Confederación Abulense de Empresarios) y la Cámara de Comercio, apoye las reivindicaciones de los empleados públicos de esta ciudad y provincia para que las autoridades autonómicas hagan el esfuerzo, que otras administraciones están anunciando ya, para paliar la injusta, ineficaz e inútil medida de eliminar la paga extra de diciembre.  

Desde esta Sección Sindical de CC.OO. emplazamos a estas dos organizaciones, que representan a aquellos de los que depende buena parte del empleo y la actividad económica privada en nuestra provincia, para que hagan público su punto de vista sobre esta propuesta y, no estaría de más si, además, se preocuparan con nosotros de no dar pábulo a los ataques, tanto internos como externos, a la dignidad de los empleados públicos y de la actividad pública que representamos.