Afirma que carece de legitimidad porque no existen denuncias de las afectadas y aquéllas son necesarias "para ejercitar cualquier acción legal"
El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por otro delito y la llama de nuevo a declarar
Por posible malversación de caudales por el uso que hizo de la asesora de La Moncloa, a la que también ha citado
El juez Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el próximo de septiembre por un delito de malversación de caudales o efectos públicos por el uso que hizo de la asesora de La Moncloa. A la misma también la ha citado a declarar en dos jornadas continuadas los días 10 y 11.
Gómez ya es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El juez Peinado sostiene su decisión en la apreciación de los magistrados madrileños, quienes señalaron que existían indicios de responsabilidad en la actuación de Álvarez. Según esa valoración, la funcionaria habría sobrepasado las competencias propias de su cargo público para favorecer presuntamente el plan delictivo de Gómez, en el ámbito de un posible tráfico de influencias. En concreto, se investiga si la trabajadora de Moncloa facilitó que Gómez se prevaliera de su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener financiación destinada a la ya desaparecida Cátedra de Transformación Social Competitiva.
La presunta malversación se centraría en que -según recuerda el instructor citando a la Audiencia de Madrid- se habrían desviado recursos públicos, fundamentalmente el sueldo percibido por Álvarez de la Administración, para ponerlos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados vinculados a la actividad profesional de la mujer de Sánchez.
Debe fijar la fecha del juicio, con la previsión de que sea entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses
La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común
El valor del acuerdo alcanza los 37 millones de euros








