La XXVIII Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona, concluyó sin consensos, dejando en evidencia el profundo desacuerdo político y territorial que vive España.

Lo que pretendía ser un foro de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas acabó convertido en un cruce de monólogos, desconfianzas y gestos de tensión, según reconocieron varios de los asistentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó al diálogo "constructivo" y defendió su intención de agotar la legislatura hasta 2027 y protagonizó una tensa situación con uno de los pocos barones regionales que tiene, García-Page, cuando este criticaba los pactos con Junts. Los presidentes autonómicos del Partido Popular aprovecharon la cita para exigir elecciones anticipadas, mientras criticaban el encuentro como "frustrante" o directamente "un fracaso".

La división se hizo evidente desde el saludo inicial, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, negándose a saludar con  a la ministra de Sanidad, y ausentándose durante la intervención en euskera del lehendakari Imanol Pradales. Aunque ningún otro presidente popular siguió su gesto, el ambiente quedó marcado por ese episodio, considerado por el Gobierno vasco como una "intolerable falta de respeto".

Uno de los puntos clave del encuentro era el plan de vivienda propuesto por el Ejecutivo, con una inversión de 7.000 millones de euros. Pero ni siquiera logró consenso dentro del bloque socialista. El castellanomanchego Emiliano García-Page alertó del riesgo de recortes en sanidad o educación, mientras otros líderes populares como Jorge Azcón consideraron la medida insuficiente o incoherente sin derogar la actual ley estatal de vivienda. Solo cinco comunidades (Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias) mostraron voluntad de sumarse al plan.

En el siempre delicado debate sobre la financiación autonómica, el anfitrión Salvador Illa defendió un modelo singular para Cataluña, asegurando que no busca privilegios. No convenció a presidentes como Page, Juanma Moreno o Alfonso Rueda, que exigieron una reforma global del modelo y criticaron cualquier intento de quita selectiva de deuda.

Tampoco hubo avances en materia migratoria. Los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y Baleares, Marga Prohens, reclamaron mayor implicación del Estado ante el repunte de llegadas. Clavijo habló de "soledad institucional" y anunció una reunión inminente con el Ejecutivo, mientras Prohens denunció abandono.

En resumen, una conferencia concebida para fomentar la cooperación institucional terminó encapsulando la fractura política y territorial que marca el presente del país. Ni acuerdos, ni hoja de ruta. Solo más ruido.