La Junta de Castilla y León ha pedido al Ministerio de Movilidad la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas afectadas para debatir la financiación del Mapa de Transportes y el mantenimiento de este servicio público dentro de sus respectivos territorios autonómicos.

Así lo ha indicado el consejero de Movilidad de Castilla y León, José Luis Sanz, que ha calificado este servicio de esencial, sobre todo en aquellas zonas de España donde el problema del reto demográfico es acuciante.

Cuestión política

El consejero ha apuntado que el Ministerio plantea esta modificación del mapa como una cuestión técnica y económica, cuando en su opinión se trata de una "cuestión política de primera magnitud" porque afecta a la conectividad de las zonas más despobladas y con menos acceso a los servicios.

Ha recordado que durante la pandemia en Castilla y León no se eliminaron trayectos en la red autonómica pese a la falta de viajeros, y lo que hizo la Junta fue compensar a las empresas con más dinero para mantener este servicio y eso es lo que demandan ahora al Ministerio de Movilidad.

Durante una reunión con alcaldes de la provincia de Burgos para tratar este tema, Sanz ha explicado que este recorte de paradas y líneas ha influido en el mapa de transportes autonómico porque "la amenaza de dejarnos trayectos que ahora cubren líneas de transporte estatal cambia totalmente el mapa de transportes autonómico".

El consejero ha recordado que en 2022 se presentó ya este borrador de mapa de transportes autonómico y ya provocó reacciones contrarias, aunque creían que tras las elecciones generales el Gobierno había reflexionado y aparcado esta propuesta; sin embargo, "el verano de este año se ha reactivado en los mismos términos que hace dos años".

La más afectada

Durante la reunión, el portavoz del PP en la Comisión de transportes del Congreso, Héctor Palencia, ha afirmado que Castilla y León es la comunidad autónoma a la que más ataca la propuesta concesional del Ministerio.

Ha precisado que se verían afectadas 663 paradas, el 71 por ciento del total, con lo que más de 210.000 habitantes se verían afectados en su día a día.

Ha atribuido la propuesta del mapa de transportes a "urbanitas de izquierda que trabajan en moqueta, van en coche oficial y acuden a sus destinos en Metro, pero desconocen completamente el mundo rural y las dificultades para ir al médico, a hacer la compra o a alguna actividad de ocio".

Ha centrado las críticas de una manera especial en el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como carente de humildad y acusado de no reconocer los problemas y no tener capacidad de gestión.