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La Guardia Civil ha detenido a más de 40 presuntos miembros de una organización criminal que lograron acumular un patrimonio valorado en más de 800.000 euros y obtuvieron fondos monetarios por un total de 1.400.000 euros entre los años 2019 y 2023 gracias a estafas tecnológicas a través de SMS, recoge la Agencia EFE.
Según un comunicado del instituto armado, la operación 'SMS Bank' se ha desarrollado durante los últimos dos años por el Equipo @ y el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5, sigue abierta.
Los detenidos tienen edades comprendidas entre 22 y 29 años y se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de blanqueo de capitales y delito de estafa tecnológica.
Además, la Guardia Civil está investigando a dos personas jurídicas que presuntamente eran utilizadas como empresas pantalla para operaciones de lavado de dinero.
Se ha logrado esclarecer un centenar de delitos en más de 40 entidades bancarias diferentes y recuperar gran parte del dinero defraudado a los clientes de dichas cuentas.
Los presuntos estafadores utilizaban métodos como el 'Spoofing' y el 'Smishing' y enviaban mensajes SMS masivos en los que alertaban a las víctimas de una supuesta brecha de seguridad en sus cuentas bancarias.
Posteriormente, contactaban con las víctimas por teléfono y se hacían pasar por empleados del banco para obtener sus credenciales y desviar fondos a favor de la organización a través de la banca digital.
Los miembros de esta red eran capaces de simular llamadas telefónicas desde la entidad bancaria. La víctima, en la creencia de que anulaba una operación sospechosa, proporcionaba a los delincuentes una serie de códigos de verificación que en realidad confirmaban la transacción.
De esta manera, los miembros de la organización obtenían acceso a su banca digital para completar transferencias, algunas vía Bizum, e incluso contratar préstamos de concesión inmediata. Los importes defraudados a las víctimas variaban significativamente, oscilando entre los 200 y los 90.000 euros.
Antes de efectuar las estafas informáticas en todo el territorio nacional, el líder de la organización accedía a los datos de los clientes mediante la explotación de brechas de seguridad en las entidades bancarias. Posteriormente, compartía esta información sensible con otros miembros del grupo, quienes la utilizaban para engañar con mayor facilidad a las víctimas.
La organización recibió dinero de forma ilegal mediante el uso de servicios avanzados en la nube, desde los que podían operar para almacenar datos en la web o ejecutar programas desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a Internet.
A partir de ahí, creaban páginas web fraudulentas y realizaban envíos masivos de mensajes de texto y llamadas repetidas (SMS). También utilizaron servidores en otros países y servicios de Red Privada Virtual (VPN), para navegar de forma segura y anónima y poder enmascarar sus direcciones IP y conectarse a la red desde un lugar distinto donde realmente operaban. Todo ello les permitió desviar el dinero a través de 43 cuentas bancarias identificadas hasta ahora, e incluso convertirlo en criptomonedas.
Otra complejidad en la investigación fue la de identificar a los principales sospechosos, quienes también estaban vinculados a cuentas bancarias con sedes en países como Alemania, Bélgica, Lituania, Países Bajos y Reino Unido. Esta conexión pudo ser demostrada a través de la colaboración con EUROPOL.
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