El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha subrayado este jueves su intención de acabar con la cita previa obligatoria para trámites con la Administración este mismo año mediante un cambio en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Durante su intervención en el Senado para exponer las líneas generales de actuación del departamento en materia de Función Pública, Escrivá -que ya avanzó este fin de la cita previa obligatoria el pasado mes de enero- también ha señalado que se simplificarán las vías digitales de acceso y el lenguaje administrativo.

También ha incidido en que en 2025 la función pública contará con un nuevo modelo de recursos humanos acabando con la actual tasa de reposición. "Sustituiremos el modelo actual de autorización previa para la planificación de las plantillas por uno en el que los gestores tengan más autonomía para su organización y responsabilidad en su diseño, con un control ex post sobre la calidad de esa planificación", ha explicado.

Junto a esto, ha añadido, se buscar desarrollar un modelo de carrera en la Administración "basado en tareas y competencias necesarias" para los distintos puestos. También está en marcha el Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático "para que las posiciones directivas reúnan competencias técnicas, de liderazgo y visión transformadora".

Escrivá también se ha mostrado confiado en cumplir este año con el objetivo de reducir la temporalidad con la estabilización de unas 300.000 plazas, un hito del que ya se ha cumplido un 75 %. Y ha señalado que negociará con los sindicatos una "ampliación del catálogo de posibilidades de jubilación flexible" para acercarlo al de los asalariados del sector privado. Queremos, ha señalado, que tengan las posibilidades de jubilación anticipada, parcial, activa y demorada con los incentivos adecuados.

"Tenemos unos extraordinarios profesionales, pero las plantillas están tensionadas, con muchos efectivos a punto de jubilarse y necesidad de motivación", ha incidido Escrivá, que ha recordado que en ocho años "casi el 60% de la plantilla actual se jubilará". En 2020, el 47% de los empleados públicos de las administraciones centrales tenía 55 años o más. "Supera en casi 20 puntos la media de la OCDE", ha recalcado.