El Juzgado de lo Social nº 1 de Palencia ha condenado a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León con el pago de 20.540 euros a una familia por los gastos médicos que debió sufragar para que su hijo fuera tratado con la hormona de crecimiento. Además, al no haberse formalizado el recurso anunciado por Sacyl, la sentencia es firme.

Este dictamen establece que son los facultativos quienes deben de prescribir los tratamientos médicos y farmacológicos que estimen oportunos, y si estos son prescritos, según los criterios de racionalidad, y no está excluida su financiación por el sistema público, han de estar cubiertos por éste, independientemente de su aprobación o no por comités asesores de ciertos medicamentos.

La sentencia reconoce que el menor, con diagnóstico de talla baja idiopática y con antecedentes de retraso de crecimiento intrauterino compensado, fue tratado por los servicios de Pediatría, y su facultativo de referencia propuso al tratamiento al Comité Asesor de la Hormona de Crecimiento, quien lo negó.

Ante la situación del menor y su pronóstico de talla final se inició el tratamiento con hormona del crecimiento, con buena evolución posterior sin incidencias ni efectos secundarios, y sufragado por los padres. Para la obtención de la hormona, el especialista del Servicio Público de Salud que le venía tratando, extendió el informe médico preceptivo prescribiéndola.

"El tratamiento del menor está plenamente justificado, en cuanto a la hormona de crecimiento GH, dado su estado y evolución, así como se ajusta a los requisitos que exige el Comité de Protocolos. Siendo ello así, debe mantenerse el criterio y el derecho del actor a percibir las cantidades y conceptos reclamados".

La Asociación 'El Defensor del Paciente' quiere denunciar que, a pesar de las reiteradas sentencias favorables a los derechos de los pacientes en casos similares, incluso al pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sacyl sigue oponiéndose al reintegro de gastos por este tipo de tratamiento y obligando a los padres de los pacientes a acudir los Tribunales en defensa de sus intereses.