La propuesta de la Administración para la próxima convocatoria de empleo público (que se publicará antes de final de año) incluye aproximadamente 100 plazas para funcionarios en los subgrupos A1 y A2 (licenciados y diplomados), frente a las 668 plazas incluidas en la oferta de 2011, lo que supone una reducción de más del 85 por ciento.

Así lo ha indicadeo en nota de prensa el sindicato CSIF de Castilla y León, que ha explicado que estas plazas "se repartirán a duras penas" en los cuerpos de inspectores de hacienda, interventores, inspectores y subinspectores de trabajo, técnicos auditores y contabilidad, técnicos de Hacienda, investigadores doctores (profesores, científicos y científicos investigadores) y agentes de Hacienda Pública.

Esto se debe, aseguran, a la política de amortización de vacantes, con una congelación generalizada de las ofertas de empleo público, salvo en determinados puestos en los que se admite una reposición del 10 por ciento. De esta manera, si el año pasado se dieron de baja 1.134 personas, únicamente se cubrirán una de cada diez.

En lo que se refiere a la Promoción Interna, CSIF expone que la Administración plantea "tan solo 225 plazas", la mitad que el año anterior. Ante esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, exigió este martes al Gobierno que se pronuncie de manera formal sobre si tiene previsto realizar EREs sobre el personal laboral de la Administración General del Estado, ante el citado proceso de amortización de vacantes. Tras la denuncia de CSI-F, la Administración ha manifestado su intención de abordar este asunto en una reunión que tendrá lugar en las próximas semanas.

Por otra parte, según los últimos datos de la Seguridad Social, en lo que va de año (noviembre 2012, respecto a noviembre de 2010) se han producido 63.880 bajas en el sector de Administración Pública y Defensa y Seguridad Social, fundamentalmente por la no reposición de efectivos y la prohibición expresa de consolidación de empleo temporal. CSI-F considera que esta política "va a causar un daño irreparable a las plantillas de los organismos que ya a día de hoy son mayoritariamente deficitarias, con un incremento muy significativo de las cargas de trabajo". Esta situación, sin duda, perjudicará la calidad del servicio público que se presta al ciudadano, además de una “severísima regulación de empleo.

CSI-F también rechaza la posibilidad de ERES en la AGE, a un personal que ganó su plaza por concurso oposición y de nuevo exige que se acaben los recortes sobre unas plantillas claramente deficitarias. Además, denuncia "la incongruencia que supone la constante externalización de servicios al sector privado, teniendo en cuenta la supuesta ausencia de recursos para el empleo público".