La sentencia señala que esta empresa, encargada de la gestión recaudatoria en varios municipios de la provincia desde 1995, realizó la misma con normalidad hasta junio del año 2003 en que literalmente "desaparecieron", apoderándose con ánimo de enriquecimiento ilícito de todas las cantidades que habían recaudado por tributos devengados ese año así como de las cantidades pendientes de liquidar de ejercicios anteriores de todos los ayuntamiento afectados.

Por ello se condena además a los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente ambos a los perjudicados en las siguientes cantidades: 246.511,18 euros al Ayuntamiento de Herradón de Pinares, 8.685,75 euros al Ayuntamiento de Riofrío, 13.186,50 euros al Ayuntamiento de Tornadizos, 25.864,30 euros al Ayuntamiento de Mingorría, 105.160,82 euros al Ayuntamiento  de Solosancho, 141.729,12 euros al Ayuntamiento de Peguerinos y 18.450,70 euros al Ayuntamiento de San Pedro del Arroyo.

El montante total de las indemnizaciones asciende a 560.000 euros.