Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) planifica adelantar el cierre definitivo de sus instalaciones a mediados de este mes para evitar el pago de un nuevo impuesto que tendría que abonar por extraer combustible gastado del reactor a partir del 1 de enero.

Según ha informado en su edición de jueves 'El Diario de Burgos', así lo señala una de las enmiendas introducidas por el Partido Popular a la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética durante la Comisión de Industria celebrada en el Senado el pasado martes.

Tras analizar las consecuencias de esta enmienda que hace"absolutamente inviable económicamente a la central", la dirección de Garoña empezó a planificar una posible parada definitiva del reactor a mediados de este mes, en torno al día 16, pese a que cuenta con licencia de actividad hasta el 6 de julio de 2013.

El motivo es evitar el pago de un millonario impuesto por la producción de residuos nucleares que entrará en vigor en enero si el Congreso no rechaza los cambios introducidos por el Senado en el proyecto de ley que determinará la nueva fiscalidad de las eléctricas.

Los directivos de Nuclenor mantuvieron ayer una reunión con los miembros del comité de empresa para transmitir a los trabajadores esta situación, con el fin de ir planificando las tareas necesarias para la parada definitiva del reactor. No obstante,

Si la normativa se aprueba con la enmienda introducida por el PP, la planta burgalesa tendría que pagar 2.190 euros por cada kilogramo de metal pesado (uranio y plutonio) contenido en el combustible nuclear gastado que se extraiga definitivamente del reactor para su trasvase a la piscina una vez que éste haya parado. En cambio, si el reactor se detiene definitivamente antes de que acabe el año y se extrae todo el combustible gastado antes de que entre en vigor la nueva ley, Nuclenor evitará el pago de ese nuevo impuesto.