Esta mañana el Ayuntamiento de Candeleda celebraba un pleno extraordinario, a petición de los 4 concejales socialistas y el concejal de la candidatura independiente, para intentar parar el concurso público iniciado por el equipo de gobierno municipal sobre la privatización de la gestión del agua de la localidad de Candeleda y de El Raso.

El salón estaba lleno de gente, ciudadanos anónimos, representantes políticos y de asociaciones, y medios de comunicación. Y es que el tema es de gran importancia; primero porque se trata de la privatización de un bien público y en segundo lugar porque la concesión se quiere realizar por un periodo de 30 años.

Equipo de Gobierno

El Alcalde de Candeleda destaca que en el programa electoral del Partido Popular constaba como una de sus mayores preocupaciones, el acometer la solución al problema de una gestión eficaz y eficiente del Servicio Público Municipal del Agua, “debido a las carencias que este servicio ha tenido durante los últimos 30 años, dónde ni el señor Pérez Suárez (CI) ni el señor Hernández Alcojor (PSOE), han sido capaces de afrontar seriamente este problema”.

Añadió que “mantenemos que el agua es un bien público que hay que preservar, sostener y cuidar y nunca despilfarrar”. En agosto se aprobaron los reglamentos que rigen el Servicio Municipal de Abastecimiento y Agua Potable, y el reglamento de Vertidos de Aguas Residuales, “cuestión que no se había abordado por Gobiernos Municipales anteriores”. Añadiendo que “el agua no sólo se utiliza para beber y lavarse, sino como fuente para crear riqueza considerando que este recurso bien gestionado debe impulsar un mejor desarrollo agroganadero, turístico, e industrial en nuestro municipio. Siendo una fuente generadora de empleo, basta recordar que en Candeleda hay más de 600 parados”.

El Gobierno Municipal ha encargado varios estudios a expertos en la gestión del agua entre cuyas conclusiones señalan que “desde hace 50 años no se acometen obras de infraestructuras importantes en Candeleda, excepto el depósito de 3000 m3 que se construyó en 1990 por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, siendo el actual Alcalde, José María Monforte, titular de esa Consejería”. Por tanto, el sistema tiene las siguientes deficiencias (mal sistema de captación de agua, infraestructuras obsoletas, sistema inadecuado para potabilizar el agua, escapes en el depósito del agua, 50 calles con tuberías de fibrocemento, desconocimiento de la distribución y el estado de la red de saneamiento, dónde se mezclan las aguas fecales con las pluviales y las de regadío por lo cual no se puede poner en marcha la depuradora, etc.).

Desde el Gobierno Municipal afirman que “el agua seguirá siendo pública, lo único que se hace es contratar a una empresa especializada para reparar, conocer y planificar, con la correspondiente supervisión, aceptación y consentimiento del Ayuntamiento, las infraestructuras más adecuadas para prestar un mejor servicio y que el mismo sirva, a su vez, para consumo humano y para potenciar el crecimiento y el desarrollo social de Candeleda, sin que apenas los ciudadanos vean incrementado el coste del agua por este mejor servicio, un aumento que en el peor de los casos se podría traducir en un incremento de 1,4 euros al año”.

Desde el equipo de gobierno afirman que “detrás de la Plataforma que se ha movilizado se esconde el interés electoralista del PSOE que intenta conseguir en la calle lo que no ha logrado en las urnas”. Y que han tenido que pasar 6 meses, desde el primer pleno donde se abordó este asunto “para que tras la pancarta y con un tropel de personas foráneas de la villa comiencen a protestar y a recoger firmas”.

Miguel Hernández y José Antonio Pérez Suárez

El portavoz del grupo socialista ha afirmado que el planteamiento del pleno era para responder a una “contestación social, que se debatieran las medidas adoptadas por el PP, y dar marcha atrás para trabajar de manera conjunta para mejorar el servicio del agua en Candeleda, desde una gestión pública”.

La concesión por 30 años “es un regalo, y será hipotecar el futuro de la localidad en materia hídrica”. Aunque durante el pleno desde el equipo de gobierno han aludido que se tienen que cambiar las tuberías de uralita (fibrocemento) por otras de  PVC porque lo marca la ley, Hernández afirma que “de las 200 calles que tiene la localidad ya se han realizado mejoras en algunas y tendrán que seguir haciéndose. Pero eso no justifica el dinero de la concesión, que sólo contempla una inversión de 500.000 euros”.

Además, han aludido que el Ayuntamiento tiene capacidad económica para invertir, ya que en el Pleno de presentación de presupuestos afirmaron que pueden realizar inversiones de 600.000 a través de recursos propios, sin necesidad de pedir ningún préstamo o subvención. Y se preguntan “¿por qué le piden a una empresa la misma inversión que ellos van a hacer en un año para 30 años? Esto viene a confirma que se podrían suplir todas las carencias del servicio sin privatizar”.

La diferencia entre la gestión pública y la privada, según Miguel Hernández, es “muy grande; ya que la empresa busca lucro a costa del bolsillo de los ciudadanos, y el margen de beneficio cuando lo gestiona el Ayuntamiento, por ley tiene que servir poco más o menos que para cubrir gastos”.

Las condiciones que quiere imponer el consistorio son “leoninas” ya que cobrará únicamente entre un 0,02 y un 0,04 euros por cada metro cubico “en los últimos años se han facturado 360.000, por tanto, la empresa pagaría 18.000 euros. Que según el pliego de condiciones tienen que reinvertirse en la mejora de la red de abastecimiento. Por tanto, lo que ingresa por un lado y lo cobra por otro”.  A eso hay que sumarle los 280.000 euros que dejará de cobrar el Ayuntamiento por el cobro del servicio.

En cuanto al segundo punto del orden del día que se refería a la búsqueda de una partida presupuestaria de unos 150.000 para invertir en mejoras de la red, “no nos parece mucho si tenemos en cuenta que este año han presupuestado 230.000 euros para una balsa en el campo de golf. Por tanto, si se designará una partida similar anualmente, en cuatro años el Ayuntamiento invertiría lo que se está pidiendo a la empresa en 30 años”.

Una vez que en el pleno de hoy se han rechazado las propuestas de la oposición, Hernández se plantea “analizar si hay otros pasos que se puedan tomar para dar marcha atrás en este proceso”, y si no fuera posible, “adquiero el compromiso con los ciudadanos de Candeleda para que, si me dan su apoyo en las urnas, rescindir el contrato de  la concesión del agua”.

Tomás Blanco

El Secretario Provincial del PSOE en Ávila y Diputado provincial, Tomás Blanco, que estuvo presente durante el pleno afirmó que “apoyamos absolutamente al grupo de concejales del PSOE en Candeleda, por la defensa de uno servicio y del dinero que produce el agua en el municipio”.

Al concurso se han presentado tres empresas que antes trabajaban en el ladrillo y ahora se dedican a obtener sus ingresos del agua. Esto supondrá “mayores costes para los ciudadanos, subidas de tarifas, como ha supuesto en otros Ayuntamientos de hasta un 30%”.

Si esto no se puede paralizar “en las próximas elecciones lo primero que deberían hacer los concejales que ganen es hacer una regresión de esta concesión por un periodo de 30 años”.

Por ahora, después del resultado del pleno, “legalmente no se puede hacer mucho. Pero hay que tener en cuenta que es un error político que afectará a los ciudadanos, y el PSOE se ha puesto del lado del pueblo”.

Al comienzo del Pleno, el Diputado socialista tuvo que intervenir para que dejaran entrar a un equipo de Televisión CyL al que impedían su entrada.

Santos Martín

El diputado provincial de UPyD, Santos Martín, acudió al pleno para conocer de primera mano “las posturas que tenían unos y otros y que hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días”.

Parece ser, según sus palabras que la Plataforma se ha movido mucho y tienen una buena capacidad de convocatoria. La oposición ha mostrado su postura en contra de un procedimiento abierto “que el PP ha reconocido que llevaban incluso en su programa electoral”.  “Pero es un eufemismo hablar de privatización del agua, lo que se privatiza es la gestión”.

Desde UPyD creen que “es lícito lo que dicen las dos partes, pero lo que debería hacerse es escuchar al pueblo, y además no pasa nada por paralizar, aunque sea temporalmente el proceso y escuchar lo que tienen que decir todas las parte. Incluso si fuera necesario modificar las condiciones que aparecen en el pliego de condiciones, se puede hacer por menos tiempo”.

Hay que abrir una negociación, “ya que las empresas van a ganar dinero. Pero en municipios donde las captaciones son muy limpias como en Arenas, Las Navas o Candeleda gestionar el servicio es muy fácil”.

Desde UPyD “nos ponemos a disposición de los vecinos y de la Plataforma por la Defensa del Agua, para ayudar en la medida de lo posible”. Pero antes de tomar una decisión se debe escuchar a todos, “el Alcalde debe escuchar las voluntades del pueblo al que representa”.

Pilar Diego

La Secretaria de la Plataforma por la defensa del agua en Candeleda afirma que seguirán reuniéndose. “Tenemos varias actividades programadas, nuevas manifestaciones y actos lúdicos, un referéndum aunque no sea legal ni vinculante, y otras acciones” de las que no ha querido darnos detalles.

Además, vamos a seguir muy de carca lo que se haga en la mesa de contratación, y “peleando por algo injusto y sangrante, por las condiciones que van a imponer, engañándonos y sin dar información”.  En varias de nuestras reuniones “les hemos invitado a participar y no han querido debatir con nosotros”.

Afirmó además que “quienes vamos a pagarlo somos nosotros, la gestión pública no nos perjudica y esto sí, pero vamos a controlarlo todo”.

Pilar Diego nos dijo que durante estos días se está debatiendo en Zaragoza una conferencia sobre el agua de la ONU, “tenemos una representación de Candeleda que estará allí los tres días. Es una abogada que pertenece a la plataforma para impedir la privatización del Canal de Isabel II. Y ya nos han dicho, que es algo que parece ilógico porque el municipio tiene superávit económico de más de un millón de euros, y nos quieren imponer unas condiciones pésimas”.