Una pediatra condenada a dos años de cárcel por inyectar suero en vez de vacunas a los niños

Vacuna

La pediatra hacía creer a los padres de los niños que les inyectaba vacunas contra la varicela, el sarampión o el virus del papiloma y les cobraba entre 60 y 1.200 euros.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una mujer, pediatra de profesión, a la pena de dos años de prisión por inyectar suero a sus pacientes, la mayoría menores de edad, en lugar de las vacunas que les cobraba. El total de lo estafado a sus víctimas ascendía a 12.743 euros.

 

Así consta en la sentencia, dictada tras alcanzar un acuerdo las partes --acusación y defensa-- y conformarse la pediatra con la pena de dos años de cárcel por un delito de estafa continuado y otro de falsedad en documento público. Esta conformidad ha evitado convocar al jurado popular para la celebración del juicio previsto para esta semana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

 

A la condenada se le han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. Se le ha prohibido, así mismo, durante el tiempo de dos años, ejercer cualquier profesión relacionada con la medicina tanto en el ámbito público como privado; y se le ha fijado una multa de 600 euros.

 

La doctora es una funcionaria pública que trabajaba en el centro de salud de Carlet y en el Hospital de La Ribera de Alzira. Entre los años 2007 y 2011 administró personalmente a diversos pacientes,  la mayoría menores de edad, vacunas de pago cobrándolas directamente en mano --entre 60 y 1.200 euros--, haciéndoles creer   a los propios pacientes o a las madres de los menores que lo que les inyectaba era el medicamento prescrito, mientras que lo que les daba era suero fisiológico.

 

Para conseguir su propósito, la condenada alertaba a sus pacientes de la urgencia de inyectar dichas vacunas por existir un alto riesgo de contagio, ya fuera meningitis, el virus del papiloma o la varicela. En ocasiones se desplazaba a los domicilios particulares de sus pacientes para conseguir su propósito.

 

La facultativa les cobraba por encima del precio fijado en las farmacias para cada vacuna, cuyo precio estaba cubierto por la Generalitat y, por tanto, eran gratuitas. La mayoría de los perjudicados confiaban plenamente en la mujer al haber sido la pediatra de sus hijos menores durante muchos años.