Un nuevo choque entre Junta y Gobierno central abre un frente por Navacerrada
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Un nuevo choque entre Junta y Gobierno central abre un frente por Navacerrada

La decisión de la Junta de no proceder al cierre de la estación de esquí y el aval judicial provisional tensa los ánimos entre el gobierno regional y el central. De fondo, la importancia económica y ecológica de las históricas pistas.

Desde hace décadas, la estación de esquí de Navacerrada ha sido un referente para los aficionados al deporte de la nieve que tenían aquí un lugar accesible para la práctica de su afición que, de paso, era un importante resorte económico de la zona. Sin embargo, el cambio climático ha avanzado en su contra y ahora su cierre enfrenta al Gobierno de la Junta de Castilla y León y al central en un  nuevo choque, el segundo en pocos meses, que ha tensado los ánimos. Justo en un momento complicado, con elecciones a la vista (a medio plazo) en Andalucía, lo que siempre siembra dudas sobre las de la comunidad por más que ese adelanto parezca enfriado.

 

La estación cerró la pasada temporada sabiendo que no volvería a abrir sus puertas para la nueva campaña de invierno. Así se presuponía tras la decisión del organismo que gestiona los Parque Nacionales, que acababa con la concesión: este año expiraban los 25 años desde que en 1996 fue autorizada la explotación y no se iba a renovar. De hecho, incluso carece de licencia para hacerlo esta misma temporada.

 

Detrás de la decisión, el cambio climático, al menos, así lo dijo el ministerio de transición, con Teresa Ribera a la cabeza. Según los datos ministeriales, desde la década de los años 70 del pasado siglo la temperatura ha subido 1,95 grados y la masa de nieve natural ha caído en torno al 25%. Además, hay 24,2 días menos de nieve al año. Y la evolución prevista es a peor. La estación está, además, por debajo de los 2.000 metros a partir de los cuales se estima inviable el turismo de nieve y el enclave sufre saturación y problemas de acceso.

 

Sin embargo, el cierre ha cosechado una contestación social. El lado segoviano da servicio al turismo de nieve de Madrid y la estación es un importante recurso económico. Sufre la falta de nieve, como otras muchas, pero nadie en el entorno quiere el cierre. Desde octubre el Gobierno requirió a la Junta para el cierre, y es a partir de ahí cuando arrancan las hostilidades.

 

Hace unos días, Mañueco negaba que hubiera "razones políticas o jurídicas para declarar el cierre" y anunciaba que haría caso omiso al requerimiento del Organismo de Parques Nacionales: la estación se abría, y lo hacía porque la Junta considera que tiene la competencia. Acto seguido, parques recurría a la Abogacía del Estado para impedir que la Junta se saliera con la suya. Pidió medidas cautelares para evitar que abriera este puente, pero le fueron denegadas, una primera victoria de la Junta, pero no el final del camino.

 

El choque abre un nuevo frente entre el Gobierno central y el autonómico, que ya se conocen de otras lides. El presidente Mañueco se ha quejado de la actitud del Gobierno, "para los separatistas todo y para Castilla y León acciones ante los tribunales", recordando lo ocurrido meses atrás con la decisión de la Junta de aplicar un toque de queda ampliado. El asunto dará para muchos reproches y cruces de acusaciones, pero evidencia que se pueden hacer mejor las cosas.

 

La estación es un activo económico para la zona y, como demuestra la experiencia, no es lo más acertado arrebatar a un entorno parte de sus posibilidades de ingresos sin ofrecer una alternativa. En este caso, menos todavía con una temporada de esquí en puertas. Tampoco se pueden tomar decisiones sin contar con otras administraciones implicadas, ya que el parque no deja de estar en una comunidad con competencias en materias ambientales y de gestión natural.

 

Puede que las relaciones de Castilla y León con el Gobierno no sean idílicas, pero son posibles, y se ha demostrado en varios casos con ministros concretos que, desde la discrepancia, han llegado al entendimiento. En este caso tendría que haber sido igual, más todavía cuando hay desarrollo económico y protección ambiental en juego: ambos intereses importantes y necesarios, pero que deben protegerse al mismo nivel.