Trato Ciudadano denuncia ante el Procurador del Común las trabas a la información sobre la mina

Cerro Gorría, donde se pretende instalar la mina.

A través de una nota de prensa señalan que "el caso del Jefe del Servicio de Industria, Alfonso Nieto Caldeiro, es particularmente pertinaz y errático en su oposición al acceso a la documentación en materia de medio ambiente".

Trato Ciudadano ha planteado una queja-reclamación al Procurador del Común de Castilla y León, por medio del Diputado Provincial Rubén Arroyo, en la visita mensual a Ávila de la delegación institucional, el pasado jueves 5 de enero.

 

Esta queja está relacionada con los obstáculos y negativas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo para acceder y recibir una copia del Expediente Minero 'LEITO Nº 1122' de la Sierra de Ávila, que según indican desde Trato finalmente entregó incompleta, "conducta amparada y refrendada por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila".

 

El Procurador del Común es el Comisionado de las Cortes de Castilla y León para el cumplimiento de las normas de transparencia en el acceso a la información. En el caso planteado concurren a su vez los derechos de acceso a la información medioambiental (Ley 27/2006), que establece la legitimación de "todos" para disponer de la información pertinente.

 

A través de una nota de prensa, desde Trato Ciudadano señalan que "el caso del Jefe del Servicio de Industria, Alfonso Nieto Caldeiro, es particularmente pertinaz y errático en su oposición al acceso a la documentación en materia de medio ambiente", como han trasladado al Procurador del Común, recordando que este comportamiento ya lo reprobó la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Ávila, de 24 de mayo de 2011, confirmada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos, de 14 de septiembre de 2011. En aquella ocasión no reconocía que una perforación profunda a 650 metros tuviera relación con el medioambiente, sino que se trataba de un “asunto minero”.

 

La negativa al acceso a la información, refrendada por el Delegado Territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, "parece acompañar al cargo toda vez que las mencionadas sentencias se referían igualmente a la improcedente conducta de su predecesor".

 

Trato Ciudadano ha planteado igualmente la grave situación de la comarca y entorno de la Sierra de Ávila, ya que a la pretendida explotación minera de LEITO, que ha despertado la alarma social, se le añadirán una decena más en diferentes niveles de tramitación. "Impactos potenciales que se sumarían a las decenas de aerogeneradores que pueblan la Sierra de Ávila en tres parques eólicos, la acumulación de efectos e impactos medioambientales supondría la desnaturalización absoluta de la comarca y el impulso definitivo para su despoblación".