Trabajadores de Elgorriaga piden a la juez que resuelva cuanto antes el problema de liquidez

Trabajadores de Elgorriaga concentrados a las puertas de los juzgados de la capital abulense

Tras la denuncia de la Junta formulada el pasado 15 de julio, en la que la propia Consejera de Agricultura, Silvia Clemente, acusó a los administradores de Elgorriaga de una presunta malversación de las ayudas públicas concedidas por la Junta, hoy los trabajores de esta fábrica han pedido a la juez que resuelva el problema de liquidez y puedan cobrar las tres pagas y media que les adeudan.

Convocados por el Comité de Empresa de Elgorriaga, trabajadores de esta fábrica se han concentrado hoy ante las puertas de los juzgados de la capital abulense para “pedir ayuda” a la juez que está instruyendo la denuncia formulada a mediados de este mes por la Junta de Castilla y León, solicitándola que resuelva cuanto antes el problema de liquidez y se les pague las nóminas pendientes.

 

Una resolución que esperaban llegar el pasado viernes, y como muy tarde llegue hoy o antes del juevez, ya que el día 1 de agosto los juzgados cierran sus puertas.

 

Según informaba Marisol Jiménez, miembro del Comité de Empresa, Elgorriaga debe a sus empleados el 50 por ciento de la nómina de mayo ( aprobándose el pago de un 40% tras una reunión mantenida el día antes de que el sindicato CSI-F se reunira con representantes de la Junta) , la de junio y esta de julio, más una de beneficios.

 

No entienden esta situación dada la productividad de la fábrica, que actualmente trabaja a cuatro turnos y “los pedidos no cesan. Camiones y camiones salen continuamente de la fábrica”. “actualmente es una empresa viable, pero puede dejar de serlo, porque otro de nuestros miedos es que cuado se incorpore la mitad de la plantilla el próximo día 1, dejemos de tener materia prima y no se pueda producir, ese sí sería el fin”, ha añadido.

 

DENUNCIA DE LA JUNTA

 

La denuncia de la Junta se formuló el pasado 15 de julio cuando la Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, acusó a la dirección de la empresa Elgorriaga de una presunta malversación de ayudas públicas, concedidas hace dos años y medio, cuando la empresa estuvo a punto de la quiebra tras la gestión de la familia Ruiz-Mateos. Denuncia que la Fiscalía trasladó al Juzgado de Instrucción número1 de Ávila.

 

El Gobierno autonómico otorgó un primer préstamo de 2 millones de euros y un segundo de 2,4 millones a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Es este último el que está bloqueado parcialmente ante la denuncia interpuesta.