Subdelegación de Gobieno desmiente que se haya producido un secuestro en Ávila
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Subdelegación de Gobieno desmiente que se haya producido un secuestro en Ávila

María de los Ángeles Ortega. Subdelegada de Gobierno en Ávila. Foto de Archivo

Recuerda que las denuncias falsas están castigas por la ley.

En relación con el rumor acerca del secuestro de una joven en las cercanías de un instituto de la capital abulense, la Subdelegación del Gobierno desea poner de relieve la gravedad que supone denunciar ante las fuerzas de seguridad o instancias judiciales un delito inexistente.

 

Las falsas denuncias ante la Policía, la Guardia Civil o funcionarios judiciales tienen repercusiones legales y sancionadoras para quien las efectúa; no sólo porque crean alarma entre la población sino también porque conllevan la implicación de recursos y un tiempo en las tareas indagatorias.

 

Un caso de esta índole, que supuso un arduo trabajo para la Guardia Civil, se produjo en junio de este año en Arévalo, cuando un hombre simuló haber sido secuestrado por unos acreedores de sus supuestas deudas. La familia de esta persona fue la principal perjudicada, moral y patrimonialmente, ya que resultó víctima de la extorsión que el falso secuestrado llevó a cabo, provocando que sus padres pagaran determinadas cantidades de dinero –incluso tuvieron que pedir préstamos bancarios- para su “liberación”.

 

Otro de los afectados por este caso fue la Guardia Civil, que dedicó tiempo y bastantes efectivos en la búsqueda del fingido secuestrado, hasta que lo encontró, en libertad y haciendo uso del dinero que sus progenitores habían conseguido reunir.

 

Consecuencias penales

 

El Código Penal  señala que actuaciones como la descrita son un delito, con sanciones que pueden llegar a la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses. La gravedad, en gran medida, depende  de si, además de la falta de verdad en la denuncia, se imputa injustificadamente a alguien la comisión de un delito.

 

Fingir ante funcionarios policiales o judiciales haber sido víctima de un delito, tiene como consecuencia más leve el pago de una multa económica a lo largo de un periodo de tiempo que va de los seis a los doce meses.

 

La Subdelegación del Gobierno, a la vez que reitera que no se ha producido secuestro alguno en Ávila a comienzos de la presente semana, cree oportuno recordar las repercusiones penales que conlleva denunciar a un delito que no ha existido.

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