Sanidad, economía y política: los costes del deseado pase a la Fase 1 en Castilla y León
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Sanidad, economía y política: los costes del deseado pase a la Fase 1 en Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno.

La vehemencia de Igea para defender el uso de criterios sanitarios en una decisión que debe tener componente político cuestiona una unidad de acción que nadie pone en duda.

Este lunes Castilla y León amanece en fase 1 tras el primer avance en los estadios del llamado plan de desescalada, el camino hacia la vida diferente y de ciertas estrecheces que nos va a dejar vivir la Covid-19, y que se ha denominado de forma eufemística 'nueva realidad'. Ha costado dos semanas enteras de proceso llegar hasta aquí, y aunque las cifras no engañan y la situación sanitaria de la Comunidad ha dado un vuelco importante a mejor, el impulso se lo dio una decisión política. Y lo que se ha entendido como la politización del paso de fase ha sido la comidilla de la semana.

 

Vaya por delante una evidencia: la gestión de la crisis del coronavirus ha estado presidida en Castilla y León por la prudencia en la toma de decisiones. Puede que excesiva, pero respaldada por los datos. Los responsables de tomarlas lejos de abjurar de su cautela han hecho gala de ella y los acontecimientos les están dando la razón. No solo porque comunidades como Valecia hayan decidido hacer un 'stop' tras avanzar a fase 1, sino porque la situación de la comunidad no era quince días atrás la que es ahora.

 

Las curvas no engañan y, cuando empezó la 'carrera' de la desescalada, los hospitales regionales empezaban a dar buenos síntomas, pero tenían el doble de hospitalizados, el doble de pacientes en la UCI, acaban de doblar la curva de casos confirmados, registraban un número de altas lejos del actual y un goteo diario de muertes todavía elevado. Los datos demuestran que difícilmente hubiera superado la comunidad el examen del ministerio y que su paso hubiera sido, en caso de producirse, precario y posiblemente prematuro. Con casi 2.000 muertos en hospitales y 4.500 en residencias, un riesgo innecesario de aumentar un coste ya excesivo.

 

La situación ahora es otra después de quince días de consolidación de la mejoría. Por supuesto, no es perfecta y la demora demuestra que la sanidad regional no estaba preparada para hacerlo, y eso es algo que sí debe preocupar ahora y para el futuro. Sacyl se ha rearmado, de otro modo el ministerio no hubiera permitido el paso de fase, pero ahora toca hacerlo a largo plazo, toca decisiones estratégicas en personal, instalaciones, equipamientos y material. Por ahora, no obstante, es suficiente para conseguir el deseado avance. Otro cantar es dirimir por qué estábamos así hasta hace quince días: Sanidad se juega la nota más en la hora de la reacción que en la de la salida. Otra cosa es el coste para la salud económica de la comunidad, las dudas sobre la posiblidad de hacer real su recuperación, que han alimentado debates y presiones.

 

Es aquí donde entra en escena el empujón de la decisión política, que ha existido y es inútil negar porque el proceso es precisamente ese. Criterios técnicos, científicos y sanitarios son la base (y el seguro de vida) de una decisión que es y debe ser 100% política. No hay dicotomía entre decisión técnica y decisión política, de igual modo que no la hay entre cuidar la salud y cuidar la economía: ambas son caras de una misma moneda, disquisiciones sin sentido. Pensar que vale uno sin lo otro es equivocarse.

 

A pesar de ello, la situación ha generado una indisimulada tormenta política que hay que tomar en su justa medida. El vicepresidente Francisco Igea, médico y vehemente, ha defendido a capa y espada que no hay criterio político que nuble la decisión técnica. Puede que sea un intento de diferenciarse de otras decisiones 'políticas' como la de Madrid, con dimisiones y muchas dudas sobre las cifras. Un empeño en el que ha llegado a poner sobre la mesa su cargo en un gesto algo desproporcionado con la afrenta, porque él mismo afirma la unidad total del gobierno de la Junta en torno a la línea de acción elegida, que es lo que toca: decisión política, sí, con criterios técnicos, siempre y desde el primer día.

 

Se atisba en situaciones como esta, bajo la encomiable labor didáctica de pregonar la unidad, un desgaste de la cohesión real del Gobierno regional. Todos lo niegan, desde Igea a Mañueco, pasando por Verónica Casado. Pero algo se nota, algo ha ocurrido en la 'idílica' convivencia entre el pragmático presidente y el volcánico vicepresidente. La evolución de los acontecimientos, que no cambio de criterio, así lo evidencia. Después de muchos días de prudencia, y en puertas de presentar candidatura a paso de fase, el anuncio de Mañueco de que iba a solicitar el avance en bloque a fase 1 conduce la decisión no a la esfera política, en la que siempre ha estado, sino a quien ejerce su prerrogativa como presidente. Y puede que sea eso lo que haya descolocado.

 

No parece que un episodio así pueda quebrar demasiado, aunque el run run que ha generado demuestra que vuelve a haber ganas de política descarnada. La pantanosa situación del circo político nacional, con alianzas cambiantes, no ayuda. ¿Suficiente para convertir la estabilidad política de la región en víctima colateral del Covid-19? Los ciudadanos piden unidad política para salir reforzados, es el mejor momento para que nuestros representantes piensen en los ciudadanos, primero, y después en intereses partidistas: no sé entendería una ruptura política que nos lleve a más incertidumbre, no sólo sanitaria si no económica.

 

Por suerte, la complicidad declarada se mantiene, al menos en Castilla y León. Que dure mucho.