Reventones, mentiras y la política aritmética del agua
Cyl dots mini

Reventones, mentiras y la política aritmética del agua

La semana empezó pasada por agua. El reventón de una tubería de gran diámetro en la calle Montero Calvo puso el centro patas arriba. Propietarios de locales y garajes no daban abasto achicando agua, mientras las autoridades se veían obligadas a acordonar la zona, cortar calles y suspender el suministro durante varios días.

 

No es una novedad. Hace años se vienen produciendo situaciones similares. Lo llamativo es que su frecuencia y gravedad crecen manifiestamente. Por supuesto, el Ayuntamiento no tiene la culpa de que una tubería se rompa, puede ocurrir. Sin embargo, el PP sí le culpa. Pilar del Olmo dice que a María Sánchez le importan muy poco los vecinos y los negocios afectados por el reventón, que el agua estuvo manando durante más de dos horas porque los bomberos no podían encontrar la llave de corte (¿dónde estaba el técnico de Aquavall que les indicara inmediatamente dónde estaba esa llave?), y que María Sánchez, concejal y presidente de Aquavall, tardó más de 20 horas en acercarse por la zona. Sobre esto último puede estar tranquila Pilar del Olmo: aunque María Sánchez se hubiese presentado con insólita diligencia, tampoco hubiese sabido arreglar nada. Si después de cuatro años en el cargo sigue confundiendo gastos corrientes con inversiones e ingresos con beneficios, no pretenderán ustedes que sepa, ni dónde está la llave de corte, y menos aún quién debe operarla.

 

“¿Puede un partido que gobernó 20 años Valladolid, privatizó el agua, no invirtió un céntimo en la renovación de una red con tuberías antidiluvianas [sic], culpar al gobierno que recuperó la gestión e invierte 11 millones de euros al año en renovarla?”, se pregunta el alcalde en esa red social a la que dedica más tiempo que el vicepresidente a ver series de Netflix.

 

Hombre, alcalde, poder puede, para eso está en la oposición. Y teniendo en cuenta que, como usted mismo asume, la gestión es estrictamente municipal, también debe. Y en lugar de cuestionar el derecho de la oposición a ejercer su función, estaría bien que desde el Ayuntamiento y desde Aquavall, dejasen de engañar de una vez a los vecinos con ese cuento chino de las inversiones con el que tratan de justificar la creación de una empresa municipal “para recuperar la gestión”, cuando luego lo que hacen es subcontratar todos los servicios: desde la atención al cliente al tratamiento de lodos, pasando por la lectura de contadores.

 

Ya lo he explicado aquí en varias ocasiones, con datos que nadie ha refutado, ni siquiera el alcalde en su tuitera incontinencia. Resumo brevemente los hechos. El 26 de febrero de 2020, tras la reunión del Consejo de Administración de Aquavall, María Sánchez aseguraba que “en dos años y medio que lleva funcionando la entidad pública se han licitado más de 22 millones de euros para la necesaria renovación de las redes y equipamientos públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua”. Pues bien, según los datos del portal de transparencia Aquavall y del portal de Hacienda, en el que las empresas públicas están obligadas a consignar sus licitaciones con los conceptos y las cantidades, las cuentas de María Sánchez son un cuento.

 

En las licitaciones de 2019, la mayor parte del dinero se destina a contratos de suministro de reactivos, a subcontratar la instalación de contadores, al suministro de energía eléctrica en alta tensión... Y lo mismo pasa en los años anteriores, donde se licitan aplicaciones informáticas, sistemas de cobro, compra de ropa para el personal y su limpieza, suministro de cloro y reactivos, gasolina y gasoil para los camiones y vehículos… De los 26.455.788,02 que totalizan los contratos de Aquavall desde el inicio de su actividad en julio de 2017 hasta final de 2019, sólo 6.659.076,22 se destinaron a obras. Los casi 20 millones restantes son contratos de servicios o suministros, algunos tan peculiares como la compra de vinotecas.

 

En octubre del fatídico 2020 volvió María Sánchez a comparecer tras la correspondiente reunión del Consejo de Administración de la empresa que preside -a razón de 80.000 euros al año de salario-, para asegurar que “se han superado los 28 millones de euros de inversión para la conservación de las redes”. Cierto es que ya no hablaba de “renovación”, sino de conservación” (¿lapsus linguae o mero pudor?), pero en realidad seguía sin decir la verdad. El alcalde nos dice en Twitter que Aquavall ha invertido 11 millones al año, o sea 44 en total y la presidente de Aquavall, que 28. Estaría bien que se pusiesen de acuerdo. Pero en fin, según los datos reales, desde el inicio de su actividad se han invertido en la conservación o mejora de las redes y equipamientos públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, unos nueve millones. En cuatro años. Los números son tozudos. Es la aritmética del agua.

 

Además, según explica el PP, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid informaba el pasado 21 de febrero que había sustituido 69 kilómetros de redes subterráneas de tuberías y el PP preguntó por escrito que cuáles. La Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible especificó en su respuesta del 3 de marzo que una de las calles en las que se habían sustituido era Montero Calvo. Vaya por Dios, qué mala suerte. La verdad emergió como un torrente y resulta que la tubería que ha reventado tenía casi 200 años. Peculiar renovación.

 

¿Pueden un alcalde, una concejal y una empresa municipal mentir a los ciudadanos? Pueden. Incluso ante notario, como cuando hizo ese paripé para firmar que iba a soterrar las vías del tren. Pero más allá de las mentiras, las consecuencias de la falta de inversión y de la mala gestión del ciclo integral del agua en una ciudad pueden ser realmente catastróficas. Recientemente comenté aquí lo que ocurre en Caracas tras 20 años de chavismo. Esperemos que María Sánchez, tan cercana ideológicamente al comandante, no nos conduzca al mismo abismo. Y sería estupendo que el alcalde entienda que su obligación es ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio posible al menor coste, dejando a un lado las ideologías.

 

En 20 años de concesión, la anterior empresa, Aqualid, pagó al Ayuntamiento 130 millones de euros por el canon fijado en el contrato para mantener y mejorar la red. Si el anterior Ayuntamiento no los destinó a ese fin, nada impediría ahora al alcalde hacerlo y demostrar a todos que él sí se preocupa por la red de agua de Valladolid. El modelo de colaboración público-privada funciona con gran eficiencia en casi todas las ciudades de España, muchas de ellas con alcaldes socialistas, que no por casualidad gobiernan en mayoría sin necesidad del apoyo de Podemos y sus sucursales. El actual Ayuntamiento podría haber licitado de nuevo el servicio en mejores condiciones en vez de crear una empresa sin conocimientos técnicos, sin experiencia y sin capacidad de gestión. Nada justifica una municipalización ideológica para montarle un chiringuito de subcontrataciones a la “concejala”. Salvo, tal vez, la aritmética política.

 

Y por respeto a la inteligencia, cuatro años después de asumir la gestión, y de que esta vaya de mal en peor, dejen de echarle la culpa al pasado.